Laura Borràs se interesó por los contratos bajo sospecha a un amigo cuando ya era 'consellera'

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, se interesó por un contrato de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) a un amigo suyo, Isaías Herrero, cuando había dejado la dirección de esta entidad y era consellera de Cultura, el 26 de junio del 2018, según unos audios que se incorporarán en breve a la causa que se sigue contra la dirigente de Junts por presunta malversación de fondos, según fuentes judiciales. El funcionario que recibió ese mensaje de Whatsapp ha reconocido este martes que lo recibió, aunque no fue el único. Meses antes, el 7 de febrero del mismo año, cuando ya era diputada en la cámara catalana, Borràs envió otro mensaje en el que dijo a este técnico de ILC, que está imputado en el mismo proceso judicial, que se había enterado de que los Mossos se habían personado en la sede de esta institución y le pedía que si pasaba otra vez que le avisara.

Esta revelación de ha producido durante la declaración como imputado del funcionario de la ILC. Roger E., que tramitó los contratos bajo sospechas de Isaías Herrero, amigo y colaborador de Borrás. El juez ha podido escuchar los audios y ha pedido aportarlos. Este encausado explicó ante el juez del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que instruye el caso que era la ahora presidenta del Parlament la que decidía sobre la contratación de servicios, entre ellos los encargados a Herrero. Detalló que él no era quien llevaba el papeleo sobre la contratación y que si que tramitó los que están siendo investigados porque suplía a una compañera que estaba de baja. "Era Borràs la que le indicaba contrata a este y a este", explicaron las fuentes consultadas. El técnico ha aclarado que no recibió ninguna indicación concreta de como se debía hacer esa contratación y que él era un mero funcionarios. En la causa figuran emails suyos con Herrero. "La responsable de la contratación y quien decidía la empresa es Borràs", ha indicado.

Aviso de la Intervenció General

El imputado ha subrayado ante el togado que la Intervenció General de la Generalitat alertó al ILLC en junio del 2014 que se había detectado el año anterior excesivos contratos menores (de hasta 18.000 euros) y que se debía cambiar el sistema de adjudicación de servicios. Borràs llegó a presentar alegaciones a este informe, pero a la vez continuó con el mismo método. La fiscalía le acusa, precisamente, de fraccionar contratos por importes superiores para poder darlos sin concurso y publicidad. Es decir a dedo.

El proceso judicial está abierto por un delito continuado de prevaricación, fraude administrativo, falsedad en documento mercantil y malversación, que supuestamente se cometieron cuando Borràs era directora de la ILC. La presidenta del Parlament está imputada por favorecer presuntamente a Herrero, con quien, según el juez, acordó, entre marzo de 2013 y febrero de 2017, el fraccionamiento de 18 contratos menores de prestación de servicios informáticos, reflejando importes y conceptos inventados.

Resoluciones injustas

Las cuantías de cada uno de ellos eran inferiores a 18.000 euros. Para el magistrado, la actual presidenta del Parlament "abusó de las funciones que tenía reconocidas", dictando "resoluciones injustas" para trocear los contratos y eludir la concurrencia pública. De esta manera, ayudaba a los intereses de su amigo "en detrimento de la defensa de los intereses generales". Los contratos investigados suman 330.442 euros.

De los correos electrónicos y las conversaciones telefónicas intervenidas, argumenta el juez, se desprenden "indicios suficientemente sólidos de la concertación entre los dos para defraudar" y adjudicar a Herrero los trabajos informáticos "en el sentido más ventajoso para él". La resolución agrega que Borràs aprobó las adjudicaciones de los 18 contratos investigados "en plena consciencia de que entraban en contradicción con las exigencias de la legislación reguladora" del sector público y omitiendo la concurrencia pública.