Opinión |
Artículo de Mercè Perea

Las víctimas del amianto y las instituciones: un reto colectivo

El fondo de compensación que regula ya nace dotado con 25 millones de euros, pues así lo consignó el Poder Legislativo en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022

Obras de retirada de amianto en una escuela.

Obras de retirada de amianto en una escuela.

Mercè Perea

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Se encuentra en el Congreso de los Diputado el trámite final de la Proposición de Ley de creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto. ¿Quiénes son las víctimas del amianto? Personas trabajadoras y sus familias, con nombres y apellidos, que, a traición, sin que nada ni nadie les advirtiera, se vieron afectadas por mesotelioma, una enfermedad mortal o en muchos casos incapacitante. Digo a traición porque es después de 10 o 20 años de vida profesional o después de haber dejado de trabajar cuando aparece la enfermedad.

Está probado científicamente la relación directa de la exposición al amianto con el mesotelioma: material cancerígeno del Grupo I, según el Centro Internacional de Investigaciones sobre el cáncer (IARC).

Para situar la cuestión, unos datos. En España durante todo el siglo XX, entre 1960 y 1995, el uso del amianto para la construcción era habitual. Según datos contrastados se consumieron unas 2.300.000 de toneladas de amianto.  En aquellas fechas aún se desconocía los efectos nocivos de esta sustancia. Hubo que esperar hasta 2002 para que se prohibiera su uso. 

Para que entendamos la trascendencia personal, social y económica de esta tragedia, se conocen 3.943 fallecimientos vinculados directamente al amianto entre 1994 y 2008. Por poco que pensemos, si durante más de medio siglo se ha utilizado este mineral, por ejemplo, para la construcción, se entenderá perfectamente las dramáticas consecuencias que ha tenido para las personas trabajadoras y para sus familias, teniendo en cuenta su prolongado uso. Las personas afectadas, o bien manipulaban el amianto o bien estaban expuestas a él. Podemos poner el ejemplo de aquellas personas que lavaban la ropa de los trabajadores que realizaban labores en las que se utilizaba esta sustancia tóxica. Estoy refiriéndome a todas esas mujeres, también muy afectadas.

A lo largo de estos años los trabajadores de estas empresas y sus familias se han visto desprotegidos ante esta grave enfermedad. Una fatalidad sin capacidad de prevención, ya que por entonces su uso estaba permitido. 

La enfermedad, el fallecimiento posterior y la angustia de haber contraído la enfermedad, lleva a que muchas personas sufran. Y no solo en términos de salud, también desde el punto de vista económico. Muchas de estas familias se han visto obligadas a acudir a la justicia demandando a las empresas, muchas de ellas desaparecidas debido al largo lapso de tiempo en que finalmente se diagnosticó la enfermedad. A la angustia de ver a un familiar enfermo, con la incertidumbre del desenlace, se ha unido el coste económico. Y todo ello agravado por el hecho de que nadie les diera respuesta.

Han sido las asociaciones de víctimas del amianto, primero, y después el Parlamento Vasco, los que han instado al Congreso de los Diputados a darles protección a través de una ley estatal. Esta iniciativa entró en diciembre de 2019 en el Congreso de los Diputados. El Parlamento Vasco había aprobado por unanimidad, y remitido al Congreso para su consideración, una propuesta de ley cuyo fin era proteger mediante un fondo a las víctimas del amianto.

La pasada semana, el Congreso de los Diputados dio luz verde a esa propuesta de ley. El fondo de compensación que regula ya nace dotado con 25 millones de euros, pues así lo consignó el Poder Legislativo en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022. 

La nueva ley protegerá a las personas trabajadoras expuestas al amianto y a aquellas personas que padezcan una enfermedad de la que se haya determinado, o se pueda determinar, que la causa principal ha sido su exposición al amianto, como decíamos a las esposas. También a los que dependieran económicamente del fallecido, y a todas aquellas personas afectadas por el amianto que han visto reconocidos sus derechos en un proceso judicial cuando la empresa para la que trabajaban había desaparecido.  Esta iniciativa es de gran importancia. La futura ley se inserta dentro de aquellas que tienen por finalidad la reparación del daño.

Las instituciones, los sindicatos, y hoy los diputados y diputadas, hemos escuchado a las personas y a los familiares de aquellos que fallecieron a causa del amianto. Personas que manipularon una sustancia desde la confianza de que no iba a tener ninguna consecuencia irreparable para su salud o la de sus allegados, pues así lo decía la norma jurídica. Creo no equivocarme si digo que esta nueva ley ha sido un reto para las propias víctimas que se han movilizado hasta la extenuación en muchos casos y con gran dosis de perseverancia. Y también lo ha sido para aquellos que formamos parte de las instituciones públicas en las que la ciudadanía confía y que hemos de saber dar respuesta. 

No es desdeñable que los ponentes de todos los grupos parlamentarios, de forma unánime, hayamos consensuado quienes son las víctimas en el ámbito laboral, doméstico o ambiental; quienes son las personas beneficiarias; que nos hayamos puesto de acuerdo en que siempre que se detecte que la causa de la enfermedad es la exposición al amianto procede la reparación, haya desaparecido la empresa o no y haya o no un litigio. El fondo que se pone en marcha responde, con una finalidad clara, que no haya ni un solo resquicio de desprotección para ninguna de las víctimas.  

No ha sido un camino fácil. Diría que demasiado dilatado en el tiempo y tortuoso en ocasiones para las víctimas. Pero finalmente, el pasado martes la ponencia de estudio y de elaboración de la iniciativa, puso, por unanimidad, a las personas en el centro de las políticas públicas, al más puro estilo de la forja del Estado de bienestar que debemos seguir construyendo para poder decir que vivimos en un país digno que no deja a nadie atrás. 

El final no ha llegado todavía. Celebraremos esta ley cuando las víctimas se vean resarcidas de forma real y efectiva de los daños y sufrimientos padecidos durante tanto tiempo. El paso que hemos dado colectivamente ante este reto, tanto las víctimas como los poderes públicos, nos confirma que cuando las instituciones están al lado de la gente somos más fuertes como sociedad.

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