Magia potagia con el 25%

Este martes expira el plazo de 15 días que dio el TSJC al Govern para cumplir la sentencia según la cual un 25% de las clases tienen que hacerse en castellano en la enseñanza obligatoria. El conseller Josep Gonzàlez Cambray ha recurrido el ultimátum de la justicia alegando que la Generalitat prepara una normativa nueva y que cambiar los proyectos lingüísticos a final de curso acarrearía “graves perjuicios”. Es muy probable que el TSJC, harto de que le tomen el pelo, le afee el comportamiento, le exija explicaciones y le aplique la ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Eso significaría sanciones económicas personales (hasta 1.500€ diarios) e incluso, si lo considera grave, le abra un proceso por la vía penal. Cuando eso suceda y el curso próximo se aplique el 25% muchos catalanes se sentirán nuevamente engañados. La semana pasada, las fuerzas que defienden una enseñanza “solo en catalán” (ERC, Junts y Comuns) habían celebrado que con la nueva ley de política lingüística (a la espera del visto bueno del Consell de Garanties Estatutàries) lograban burlar con otro truco de magia potagia la ejecución de la sentencia.

Nada más lejos de la realidad. La nueva normativa puede parecernos bien o mal, su ambigüedad permite diferentes interpretaciones, pero ni desobedece ni acata la sentencia. Como sostiene el PSC, que la apoya en aras del consenso lingüístico, tampoco dificulta su aplicación. Sencillamente, la nueva ley no tiene ningún efecto sobre la interlocutoria de la justicia, aunque con ella la Generalitat pretenda retrasar su aplicación. La distinción que han querido hacer los nacionalistas entre lengua vehicular (catalán) y curricular (castellano) es jurídicamente irrelevante. Primero porque la ley no define qué se entiende por una cosa u otra, de manera que no se opone a que el castellano sea lengua de aprendizaje para otros conocimientos. Y, segundo, porque en ningún caso la ley puede interpretarse de forma que se sitúe por encima de lo que en su día dictaminó el TC sobre el castellano como lengua vehicular. La magia potagia tampoco aquí va a funcionar. 

La querella lingüística escolar es muy cansina. Solo la hispanofobia permite entender la terca oposición a que se imparta un mínimo de clases en castellano. Una actitud tan beligerante como hipócrita, pues el propio 'conseller' lleva a sus hijas a una escuela plurilingüe, donde se cumple con ese denostado 25%. Además, es un debate que no se corresponde con la realidad de lo que sucede en bastantes centros educativos metropolitanos donde el castellano se utiliza más de lo que se dice. En lugar de normalizar su presencia, particularmente necesaria en la Catalunya interior, el nacionalismo convierte la lengua catalana en una trinchera. Curiosamente, esa oposición al porcentaje que marca el TSJC, que se tilda de antipedagógico, se conjuga con el objetivo de que en el ámbito universitario las clases en catalán alcancen el 80%. Aquí la Generalitat sí habla de defender los derechos lingüísticos del alumnado catalanohablante, mientras ignora a los castellanohablantes en la enseñanza obligatoria. 

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