Ley lingüística: no se trata de cumplir o esquivar una sentencia

El Parlament ha alumbrado esta semana de nuevo un consenso central, con los votos de PSC, ERC, Junts y 'comuns', sobre el uso de las lenguas en la escuela. Los cuatro partidos votaron a favor de tramitar por vía de urgencia una ley que acomode legalmente la práctica lingüística real en la escuela catalana, con el catalán como lengua central y una presencia diversa del castellano. De su despliegue reglamentario y de su aplicación dependerá que no sirva solo para cumplir ante los tribunales sino también para ajustar el proyecto lingüístico de cada centro a las necesidades de sus alumnos. PP, Cs y Vox sostienen que es una burla a la sentencia que fijaba un 25% mínimo de castellano. No es así. Esta disposición era solo una decisión de los jueces para intervenir ante la negativa a admitir explícitamente que el castellano también puediera ser lengua de enseñanza en la proporción que la administración educativa considere adecuada. La CUP, en el otro extremo, sostiene que por primera vez en 40 años se admite que el castellano sea vehicular en la escuela. Tampoco es cierto: el castellano nunca pudo estar excluido legalmente y de hecho tampoco lo estuvo en la práctica.

Las interpretaciones que da cada partido al acuerdo que ha suscrito buscan satisfacer a sus respectivas parroquias. Pero también muestran que aún hay margen para que alguien se sienta tentado a convertirlo solo en un paraguas legal sin que el consenso lingúístico suceda donde debe ser efectivo, centro a centro y aula a aula.