Vox, Cs y PP maniobran para retrasar la aprobación de la ley del catalán

La nueva ley lingüística, redactada entre PSC, ERC, Junts y 'comuns', será tramitada por la vía rápida y con urgencia extraordinaria para intentar cumplir con el plazo dado por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya para ejecutar la sentencia que fija el 25% de castellano en las aulas. Pero Vox, Cs y PP han anunciado este miércoles que llevarán el texto al Consell de Garanties Estatuàries, por lo que dilatarán los plazos y podría no aprobarse antes del 31 de mayo, cuando finaliza el plazo dado por el tribunal para acatar su fallo. Una vez acepte el recurso, el CGE tiene un máximo de siete días hábiles para decidir. No tiene, sin embargo, un plazo mínimo.

Se trata de la primera ocasión en la que la extrema derecha acude al CGE, un órgano que, por formar parte del entramado autonómico, ni, hasta ahora, reconocía autoridad alguna y que, de hecho, querrían cerrar.

Ley y decreto

El Parlament prevé aprobar la nueva legislación porque hay mayoría suficiente para ello y el Govern alumbrará un decreto ley que rechaza los porcentajes de catalán y castellano en las escuelas con el objetivo de que sean los "criterios pedagógicos" y la situación sociolingüística los que determinen los proyectos lingüísticos de cada centro, con la validación de Educació.

Pero pese a la literalidad del redactado, los impulsores siguen interpretando de manera distinta el contenido de la ley. Si bien Esther Niubó (PSC) ha defendido este miércoles en el hemiciclo que esta normativa "mejora el sistema educativo, rehace un consenso, rompe la política de bloques y se adapta a las sentencias judiciales teniendo en cuenta la situación sociolingüística". "Hemos llenado un vacío que habían llenado los tribunales. Esta ley preserva lo esencial del modelo educativo, lo mejora, no desafía a los tribunales ni confronta", ha remachado, consciente de que las derechas asediarían al PSC por su acuerdo. Más todavía, a sabiendas de que ERC y Junts interpretan de forma totalmente opuesta la ley, porque, a su juicio, "deja a un lado la sentencia en favor de criterios pedagógicos" y no altera el actual modelo de escuela catalana.

Y así ha sido, tanto la extrema derecha como Cs y el PPC se han prometido batallar por la vía legal para tumbar esta futura ley, que será avalada, en principio, el viernes por la mayoría del Parlament (el 78% de los diputados). Carlos Carrizosa (Cs) ha señalado al PSC, a los 'comuns' y al independentismo por "demoler" el castellano para "mantener las alianzas fatídicas" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "para que siga gobernando como sea". "El socialismo apuntala el régimen nacionalista pactando con el nacionalismo más extremo este vergonzoso texto. La coalición que gobierna en España prefiere blanquear al nacionalismo y desautorizar al poder judicial", ha espetado Carrizosa, advirtiendo de consecuencias penales a todos aquellos que desobedezcan el fallo judicial. El portavoz del partido en la Cámara catalana, Nacho Martín Blanco, ha llegado a tachar al PSC de "tonto útil del independentismo".

Por su parte, el líder del PPC, Alejandro Fernández, ha lamentado que el soberanismo no "escarmiente" tras las leyes de desconexión tirando de la vía rápida para aprobar nuevas normas "con el apoyo del PSC". "Lo que están a punto de hacer aquí es evitar por escrito el acatamiento de una sentencia judicial, con eufemismos y subterfugios. Es pura técnica separatista, señor Illa", ha deslizado.

Los dardos de la CUP

La CUP ha cargado contra el pacto porque considera que "convierte la sentencia en ley". "Asistimos a un fatídico día histórico porque se legisla en contra del catalán", ha enfatizado la diputada Dolors Sabater. "Hoy el Parlament convierte el castellano en vehicular por primera vez en 40 años de historia. No hay fórmula mágica para cumplir la sentencia y proteger la inmersión porque la sentencia es contra la inmersión", ha lanzado a los socios en el Govern, acusándoles de "caer en la trampa del PSC" . La tramitación exprés se ha aprobado con 105 votos a favor (PSC, ERC, Junts y 'comuns') y 28 en contra (Vox, CUP, Cs y PPC).