Una lengua sin buena política detrás

Desde la ‘ley Moyano’ de 1857 hasta 2013, a lo largo de 156 años, no se acordó nunca definir el castellano como lengua vehicular en la escuela. Ni en tiempos de los gobiernos de Aznar. Fue la LOMCE (2013) del ministro Wert la que fijó la vehicularidad del castellano, pero, ojo, como un añadido tan solo nominal sin ningún efecto práctico al no querer detallar cómo aplicarla. Porque el debate de la vehicularidad es y será ideológico. Sirvió para llenar titulares patrióticos, pero sin efecto alguno en las aulas. 

Sin embargo, Wert sí que declaró su cruzada de españolizar a los niños catalanes y para ello construyó una ingeniería jurídica contra el modelo de inmersión lingüística muy retorcida y muy torpe. Tanto que fue declarada inconstitucional (STC 14/2018) negando que la Generalitat tuviera que financiar el coste de llevar a los hijos a un centro privado monolingüe en castellano. Lo grotesco es que solo hubo 50 solicitudes, es decir, el 0,004% del alumnado catalán.

Desde 2013 la guerra cultural en torno a la inmersión lingüística dio un salto cualitativo muy corrosivo que nos conduce hasta el día de hoy. La interlocutoria de ejecución del TSJC de aplicar el 25% de horas en castellano en 15 días nos sorprende ahora justo cuando la fiscalía ha reconocido avances y voluntad de cumplirla. En especial, gracias, al acuerdo entre ERC, PSC, Junts y ECP en modificar la ley de política lingüística para acatarla sin necesidad de fijar porcentajes. Y sorprende la urgencia del TSJC porque no le basta ese acuerdo que, para rizar el rizo, está en suspenso ante las dudas de los sectores más puristas de Junts. 

El catalán y la inmersión lingüística sufren en exceso por no tener buenas políticas detrás y seguir siendo arma arrojadiza de un conflicto con cero inteligencia política y exceso de orgullo identitario. Si se hubiese alcanzado antes un amplio consenso y otras medidas desde un Govern con proyecto dialogado e inclusivo de auténtico multilingüismo se hubiese evitado la intervención de los jueces. Pero es pedir demasiado. 

Lo dramático es que la lengua no es el problema y todos lo sabemos. El problema es la pobreza y la segregación escolar, pero eso no vende ni genera votos identitarios ni hace actuar a los jueces. Hay muchos intereses de un extremo al otro que han vivido a costa del conflicto sobre la lengua. Cuando el PP presentó su recurso de inconstitucionalidad contra la ley educativa catalana (LEC, 2009) no impugnó el artículo 11 que hace referencia a la inmersión y al catalán como lengua vehicular. Recurrió otros artículos colaterales, pero no este que es el definitorio. No quiso hacerlo, prefirió seguir usando la lengua para confrontar y dividir. 

Artur Mas pudo aprobar sus presupuestos de 2011 y 2012 gracias al apoyo del PP con el que casi estuvo a punto de aceptar una segunda asignatura troncal en castellano. Al no conseguirlo y desatarse el giro soberanista con la Diada de 2012, la estrategia continuó a través de los juzgados reclamando ese 25% de castellano hasta que fue exigido desde el Tribunal Supremo en 2015. Y de ahí venimos. 

En resumen, Junts tiene responsabilidad en formar parte de la solución y del consenso renovador y de no seguir polarizando sin fin. Incluso, el PP debería sumarse, apaciguar a los suyos y enterrar el hacha de guerra. Y más teniendo en cuenta que su líder, el señor Feijóo, fue advertido por el Consejo de Europa por incumplir la Carta Europea de Lenguas Minoritarias ante la desprotección de la lengua gallega en diciembre de 2019. 

Diversas sentencias de 1994, 2010 y 2019 avalan la constitucionalidad de la inmersión lingüística siempre que se garantice también el pleno dominio del castellano al final de la enseñanza obligatoria. Una asignatura más en castellano no implica el fin de la inmersión que necesita un ‘hackeo’ de flexibilidad y equidad compensatoria tanto en Salt como en Santa Coloma. Basta ya de tanto teatro y politiquería. La reacción del Govern ha sido tardía mostrando datos en que la vehicularidad del castellano supera el 25% ahora exigido. ¿Por qué no lo hizo antes? Dejemos la escuela trabajar, pero con más recursos y con buenas políticas multilingües aún por estrenar.

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