Más allá del relevo en el CNI

Por más que la derecha española la critique, la destitución de Paz Esteban como directora del CNI se había convertido en necesaria e inevitable después de conocerse el espionaje masivo a los líderes y activistas del independentismo catalán e igualmente tras saberse que los teléfonos del presidente del Gobierno y los ministros de Defensa e Interior habían sido hackeados por el programa Pegasus. Ambos asuntos pusieron bajo sospecha al servicio de inteligencia y la decisión adoptada este martes por Sánchez de destituir a su jefa era el mínimo movimiento que se podía esperar del presidente para tratar de cerrar cuanto antes la crisis de los espías y tratar de recuperar la relación con ERC, socio clave del Ejecutivo en la legislatura. No obstante, desde la Generalitat y desde Esquerra consideraron insuficiente esa destitución. 

Se podría considerar que sí, que «no basta» con el cese de Esteban, pero no porque ahora tengan que seguir rodando cabezas hasta que las demandas del soberanismo catalán se sientan satisfechas. No basta, porque lo que es imprescindible además de la asunción de responsabilidades es seguir investigando qué ha ocurrido y por qué, para conocer con certeza si lo que ha pasado ha sido el resultado de decisiones premeditadas o de errores en la ejecución de las instrucciones recibidas. Es necesario también que se siga informando del resultado de esas investigaciones, teniendo en cuenta, claro está, que el límite a la hora de desvelar esos informes está allí donde pueda ponerse en peligro la seguridad del Estado. Pero esa debe de ser la única limitación, el resto de las pesquisas obtenidas deben ser expuestas porque así lo requieren las personas afectadas por el espionaje pero también porque la sociedad española lo necesita por una cuestión de salud y limpieza democráticas. Por lo que se ha conocido hasta ahora, el cese de Esteban debería ser suficiente, pero si de las indagaciones posteriores se derivaran otras responsabilidades políticas, estas deberían ser también depuradas.

Son más las tareas urgentes que tiene ahora el Gobierno y el propio CNI, porque los dos episodios de la crisis del espionaje, el 'Catalangate' y el hackeo de los dispositivos de Sánchez, Robles y Grande-Marlaska, han evidenciado la necesidad de revisar los procedimientos tanto de seguridad de las comunicaciones de los altos cargos como aquellos referentes al control de las peticiones de intervención. Las razones para revisar los primeros son obvias, ningún Estado puede permitirse la fragilidad demostrada por el nuestro que ha facilitado al programa Pegasus infectar los teléfonos de los miembros más relevantes del Gobierno y apropiarse de información que debería estar más que protegida. 

También en el segundo de los casos, el de la intervención de las comunicaciones por parte del servicio de inteligencia con autorización judicial, es esencial y urgente revisar y reforzar los mecanismos de control, ante la posibilidad, en absoluto inverosímil, de que el espionaje a los dirigentes independentistas haya podido ir más allá de lo justificable en cuanto a los motivos, el número y la selección de las personas espiadas y también en el tiempo que duró esa intervención. Esas dudas podrían despejarse si el Gobierno desclasifica los documentos que permitieron la autorización judicial de esas actuaciones. Pero en cualquier caso, sería bienvenida la decisión de reexaminar el sistema por el que se rige la autorización de esas escuchas y modificarlo en lo que sea necesario para evitar posibles extralimitaciones.