Caso Pegasus | “Tenemos que hablar”

Pedro Sánchez y Pere Aragonès se encontraron el viernes en las jornadas del Cercle d’Economia, en plena crisis originada por las escuchas del CNI. La información que ha trascendido es que se dijeron: “Tenemos que hablar”.

Tenemos que hablar quiere decir que ambos buscan una solución, pero no saben exactamente qué hacer. Parece que ERC no pretende derribar a Sánchez poque cree que -como mínimo- es el presidente español con el que, hoy por hoy, más puede negociar. Y que Sánchez, pese a que Frankenstein es duro, sigue queriendo gobernar con el apoyo de la mayoría progresista. Si es así, ambos pueden haberse equivocado. Los servicios secretos no son, en ningún país, el sector de la administración pública más propenso a la transparencia. Siempre deben cumplir la ley, por supuesto, pero estamos ante un material delicado y peligroso y hay que tenerlo en cuenta.

El primer error fue del Gobierno de Sánchez. Cuando en julio de 2020 se supo que los teléfonos del entonces presidente del Parlament, Roger Torrent, y de Ernest Maragall habían sido controlados -un escándalo que no fue a más- el Gobierno debía haber tomado nota y sacar -quizás con discreción- las consecuencias oportunas. En todo caso, no podía quedar sorprendido por la publicación en ‘The New Yorker’ de una investigación universitaria que entones se originó y que sacó a la luz el espionaje a 60 independentistas.

El segundo error es de Pere Aragonès. Tenía todo el derecho -incluso el deber- de quejarse por la violación de los derechos a las comunicaciones y a la intimidad. Y de insistir en una comisión de investigación parlamentaria. Pero convertir la indignación en una crisis inmediata de primer nivel, votando contra las medidas económicas urgentes y exigiendo la cabeza de Margarita Robles, fue colocar a Pedro Sánchez -y a él mismo- en un callejón quizás sin salida. Las crisis entre aliados -aunque no sean amigos- se resuelven pactando algún arreglo. O rompiendo. Pero amenazar de entrada a un presidente debilitado con liquidar el pacto si no dimite la ministra de Defensa -en plena guerra de Ucrania y a un mes de la importante cumbre de la OTAN en Madrid- puede cerrar el camino a otras soluciones. 

Y el espionaje siempre huele mal. Un juez del Supremo lo había autorizado a 18 independentistas que muchos han resultado ser -como Aragonès- cargos electos de la Generalitat. Quizás es legal, pero sigue oliendo mal. ¿Y qué pasó con los otros 42 espiados? Todas las sospechas son posibles. Mal asunto.

Pero un tema envenenado exige la máxima prudencia. Y el Gobierno cometió otro error. Denunciar ante la justicia que el teléfono del presidente y de la ministra de Defensa habían sido saqueados no tiene lógica. Aumenta el ruido sobre los espías y quizás lo único que se pretendió era el cese de algún cargo del CNI. Fue un fallo preocupante, pero publicitarlo y denunciarlo ante la Audiencia Nacional arregla poco. La única medida efectiva que el juez puede tomar es encargar al CNI que investigue lo sucedido, algo que el Gobierno ya podía hacer directamente.  

Aumentar el tamaño del escándalo no parece que haya ayudado a resolver la crisis. En casos similares, en otros países se reacciona con más cautela. Se supo que el presidente Macron, y algunos de sus ministros, también fueron espiados con Pegasus. Debieron arreglarlo, pero nunca se confirmó.

Me temo que Pedro Sánchez y Pere Aragonès han agravado -por exceso de gestualidad- una crisis ya grave y escandalosa de la que ninguno de los dos va a salir beneficiado.

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