El dilema energético de la UE

Desde el inicio de la guerra de Ucrania, la Unión Europea anda sumida en una crisis de seguridad, pero también energética por su dependencia del gas, el petróleo y el carbón rusos, que amenaza con su estabilidad. La subida de precios es un factor de tensión social, ante el que algunos países europeos han adoptado medidas de urgencia en forma de bonificaciones o rebaja de impuestos. El Gobierno de España, en cambio, quería esperar a una respuesta global que saliera del Consejo Europeo reunido este jueves y viernes en Bruselas. Algo que ha sido interpretado como una tardanza insoportable por parte de los transportistas y otros sectores que acusan la insostenibilidad del encarecimiento de los precios energéticos. Todo indica además que el presidente, Pedro Sánchez, no obtendrá los apoyos que buscaba para su propuesta, y tendrá que rebajar sus expectativas con una solución limitada a España y Portugal.

La cumbre europea debatirá este viernes qué hacer con el precio del gas, del que depende el precio de la electricidad. Se barajan las compras conjuntas, aumentar las reservas o aprobar compensaciones y ayudas. Donde hay más controversia es en topar los precios del gas, con unos países a favor (España, Portugal, Grecia, Italia) y otros en contra (Alemania, Austria, Países Bajos, Dinamarca). Sea como fuera, las soluciones buscarán reducir la dependencia energética de Rusia y aligerar costes a los consumidores finales, para que sigan consumiendo igual. Mientras en las reticencias de la Comisión Europea y de algunos países a determinadas medidas sigue pesando la voluntad de no tirar por la borda la agenda climática de la Unión, estos días los líderes europeos parecen estar esquivando el incómodo dilema del fin de la energía barata. Pero este debate ya existía antes de que Putin invadiera Ucrania, porque hay una transformación energética pendiente y porque abandonar los combustibles fósiles por las renovables tiene un coste. La pandemia hizo que la emergencia climática quedara relegada de la agenda pública y ahora, con el conflicto bélico y la inflación, se corre el riesgo de caer en el mismo error.

Por supuesto que hay que buscar fórmulas para ayudar a las empresas y familias que no pueden hacer frente a la subida imparable de la factura energética, pero deben ser acciones puntuales. Al mismo tiempo hay que preparar el terreno para un nuevo modelo de consumo más respetuoso con el medio ambiente. Los incentivos fiscales no deberían dirigirse tanto a volver a los tiempos de la gasolina barata, sino a facilitar una transición energética que no castigue más a quienes tienen menos recursos y menos capacidad de adaptación. 

La protesta de los transportistas ha capitalizado la atención de estos últimos días. La presión es tal que la ministra de Transportes se vio obligada a adelantar a este jueves la reunión con los representantes del sector. Frente a esta crisis que ha bloqueado la cadena de distribución, las manifestaciones con motivo de la huelga mundial por el clima convocadas este viernes por Fridays for Future probablemente pasarán más desapercibidas. Tanto la protesta de los camioneros como la de los ecologistas están vinculadas con el consumo energético, pero la respuesta en cada caso es distinta. Frente al paro del transporte y del encarecimiento energético se buscan medidas inmediatas, en cambio, frente a la emergencia climática el calendario es más laxo. Abandonar los compromisos con el medio ambiente, sin embargo, acabará saliendo más caro para todos.