PP-Vox: un pacto tóxico

Las elecciones anticipadas en Castilla y León abrieron la caja de Pandora en el PP. El movimiento que debía ser el acelerador del ciclo de cambio en la derecha española se ha llevado por el camino el liderazgo de Pablo Casado y culminó este jueves con una decisión de alto riesgo político: el presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco, anunció un acuerdo de investidura con Vox por el que el partido de Santiago Abascal obtiene la vicepresidencia, tres de las 10 consejerías y la presidencia de las Cortes. El PP pasa así de gobernar con Cs, que tenía la vicepresidencia, a legitimar la presencia de la extrema derecha en el poder ejecutivo y al frente del poder legislativo de Castilla y León.

Esta decisión, que trasciende la esfera regional y ya ha sido lamentada por los conservadores europeos, supone la entrada por primera vez de Vox en un gobierno y se produce al día siguiente de que Alberto Núñez Feijóo presentase 55.000 avales para formalizar su candidatura a la sucesión de Pablo Casado en el congreso extraordinario del PP. El presidente gallego, que había abierto una puerta a la esperanza de que el PP reforzara su centralidad política como primer partido de la oposición y alternativa de Gobierno, acaba de poner en crisis su propio perfil antes incluso de su elección. El hecho de que el PSOE no haya ayudado con su abstención -la condicionaba a un «cordón sanitario» a Vox y a la ruptura de los acuerdos con la extrema derecha en el plano local y regional- hace recaer sobre los socialistas una parte de la responsabilidad. Pero no exime de responsabilidad a esta decisión autónoma avalada por Feijóo.

El barón gallego del PP puede que no haya calculado el alcance del pacto con Vox en Castilla y León: no solo contamina su política de alianzas en España sino que le aleja de los comportamientos frente a la extrema derecha de sus socios europeos. Se trata de una decisión que choca con la estrategia de «cordón democrático» -una expresión más ajustada que la de «cordón sanitario»- que practican las democracias centrales europeas, Alemania y Francia, para cerrar el paso a los gobiernos a aquellos partidos que, como Vox, socaban los valores democráticos: frivolizan la violencia de género, criminalizan a los menores por su país de origen, alientan la homofobia, como es el caso paradigmático de su líder en Castilla y León, Juan García-Gallardo, o pretender acabar con el Estado de las autonomías, en uno de cuyos gobiernos se disponen ahora a entrar.

La democracia española, como ha recordado el Tribunal Constitucional, es una «democracia no militante», es decir, que acepta aquellas fuerzas que cuestionan el propio ordenamiento constitucional. Desde esta óptica, fijar el «cordón democrático» contra Vox que ahora se ha quebrado en Castilla y León no significa excluir ese partido de las elecciones, sino que las fuerzas que se consideren a sí mismas democráticas impidan que entre en las instituciones de gobierno porque representa una amenaza para la democracia misma. Pero ahora lo hará con el aval del PP.

Es de esperar que el pragmatismo del que ha hecho gala el presidente gallego en su larga trayectoria política le permita acotar a Castilla y León el pacto con Vox. Pero una vez sobrepasada una línea roja que hasta ahora se había preferido no rebasar en Andalucía, Murcia y Madrid, el precedente que se ha sentado no dejará de manchar cualquiera de los acuerdos que exigen la gravedad del momento. Tanto los derivados de las secuelas de la pandemia como la crisis abierta por la agresión de Putin contra Ucrania. Así, de puertas adentro, urge consolidar la recuperación económica, desencallar la renovación del CGPJ o reforzar el crédito de la Corona. Y, de puertas afuera, sumarse sin vacilaciones a la actuación de la UE frente a Rusia. En todos estos escenarios, el nacionalpopulismo de Vox es un factor tóxico que el PP ha decidido no neutralizar.