Politización del catalán de quita y pon
Los argumentos en pro de la 'despolitización' del catalán pierden fuelle cuando no se hacen extensivos a la lengua española. Cuatro décadas más tarde de la aprobación de la Constitución solo razones políticas continúan minorizando a las lenguas cooficiales
Joan Tardà
Exdiputado de ERC.
Joan Tardà
Que en la felicitación de Pedro Sánchez dedicada a la directora Carla Simón por el éxito de 'Alcarràs' no se hiciese referencia al hecho singular que fuese rodada en lengua catalana provocó sonrojo en el universo catalán. Ciertamente, las dificultades de la cultura catalana para hacerse un hueco en el exterior nada tienen que ver con sus capacidades, pero sí mucho con que su industria cultural, como le ocurre a la producida en gallego y euskera, difícilmente puede competir con éxito en el mundo globalizado sin un Estado propio o con la falta de complicidad del Estado español.
La respuesta al 'olvido' del presidente nos lleva a la presencia de un sustrato arraigado en la sociedad española y en sus dirigentes políticos, que transita desde un sentimiento de agresión por la existencia de lenguas distintas al castellano hasta otro de molesta conllevancia por su resiliencia. Ciertamente, en el caso del catalán, a trancas y barrancas los actuales gobiernos del País Valencià e Illes Balears intentan rehacer las desastrosas consecuencias provocadas por los gobiernos del PP y, en Catalunya, su Gobierno anda empeñado en rearmar su uso social a través de un Pacte Nacional per la Llengua.
Pero que nadie se lleve a engaño porque buena parte de la raíz del problema y su solución exigen una mirada más allá del dominio lingüístico de la lengua catalana. Cualquier Pacte debe contener en su frontispicio la previa imprescindibilidad que el PSOE actuará en consecuencia con su exigencia de 'despolitizar' la lengua, tal como hicieron público también los catalanes Salvador Illa y el 'president' Montilla, persona a quien nadie puede atribuir, por otra parte, posiciones de desafección hacia la lengua catalana. Al contrario.
Desgraciadamente, los argumentos en pro de la 'despolitización' pierden fuelle cuando no se hacen extensivos a la lengua española. Más allá del gran agujero negro presente en la misma Constitución, al fijar el deber de todos los ciudadanos españoles de conocer la lengua castellana frente al simple derecho que se otorga implícitamente a los residentes en Catalunya de usar el idioma catalán, lo cierto es que cuatro décadas más tarde solo razones políticas continúan minorizando a las lenguas cooficiales. Razones políticas han provocado que los intentos de legislar una ley de Lenguas topasen con la negativa socialista e incluso cuando el PSOE anunció, en el año 2017, la voluntad de corregirse mediante la presentación de una proposición de ley todo quedó en agua de borrajas. Como, por razones estrictamente políticas, no se han desplegado las leyes por las cuales las televisiones privadas, como servicio público, estaban obligadas a fomentar el plurilingüismo, que se haya negado el derecho a estudiar optativamente las distintas lenguas a los estudiantes de secundaria en los territorios no bilingües del Estado, que existan más universidades europeas que españolas en donde cursar filología catalana o que las enormes potencialidades del Instituto Cervantes las haya invisibilizado.
La politización de la lengua castellana explica que todavía hoy se pueda administrar justicia sin conocer la lengua de la ciudadanía y que, sin ningún rubor, presidentes del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo incluso se regodeasen con afirmaciones donde relacionaban la lengua catalana con el idioma mandinga o meritándola para jueces con su equiparación a una competencia como bailadores de sevillanas.
No obstante, quizás el caso más paradigmático está relacionado con el uso exclusivo del castellano en el Congreso. Solo la politización del concepto 'idioma oficial' comportó que la introducción progresiva del uso del catalán en el año 2004, gracias a actos de insumisión lingüística protagonizados por diputados, se convirtiese en flor de un día. Efectivamente, a pocas horas de firmarse en el año 2005 los acuerdos finales en la ciudad de Sigüenza, el representante socialista López Garrido anunció que no se iban a ratificar.
De no ser así, transcurridos diecisiete años, hoy miles de ciudadanos ya habrían llegado a edad adulta habiendo crecido ante el espejo de un parlamento en donde las distintas lenguas se expresaban con toda normalidad y habiéndolas interiorizado lingüísticamente y emocionalmente. ¿Acaso no sería el mismo Estado español quien se mostraría en el mundo como ejemplo de plurilingüismo, de cultura y de modernidad?
De igual manera, la izquierda española tampoco caería en la contradicción de atribuir remedios a otros sin ni tan solo recetárselos también a si misma. Y, por supuesto, Pedro Sánchez nos hubiera felicitado de verdad.
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