La Constitución y las lenguas

El Día de la Constitución se celebra este lunes en un clima de polarización política muy alejado del consenso con el que se elaboró la Carta Magna en 1978. Han pasado 43 años y la Constitución necesita una reforma para actualizarla a situaciones que no existían cuando se aprobó y para intentar abordar problemas encallados como el territorial, algo que impide la falta de consenso político incluso en los temas de Estado. 

El aniversario coincide este año con un debate sobre el uso de las lenguas cooficiales por la resolución del Tribunal Supremo sobre la inmersión lingüística en Catalunya y por la exigencia de ERC de incluir cuotas lingüísticas en la ley del audiovisual para que los idiomas españoles distintos del castellano puedan tener presencia en las grandes plataformas audiovisuales que cada vez más dominan el mercado de la televisión.

Para iluminar estos dos temas lo más conveniente es acudir al texto de la Constitución, que en su artículo tercero, además de designar al castellano como la lengua oficial del Estado y afirmar que las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas, establece en su punto tercero que «la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección». 

Este mandato, sin embargo, no acaba de ser entendido por muchos que se denominan a sí mismos constitucionalistas. En este sentido, causaron asombro e hilaridad las palabras de Pablo Casado hace unos días en León cuando se quejó de que a los médicos se les obligara a aprender catalán en Catalunya y que, sin embargo, un médico catalán pudiera ejercer en León sin ningún problema. Esta falta de comprensión del papel de las lenguas cooficiales se da también en la cuestión de las cuotas en las plataformas audiovisuales, que han sido objeto de mofas y han sido presentadas por la derecha política y mediática como un capricho, una manera de «los catalanes» de enredar y de complicar las cosas, cuando se trata de una reivindicación absolutamente razonable que se debería dar por supuesta en un Estado con pluralidad de lenguas. 

Este principio de la presencia de las lenguas cooficiales en las plataformas audiovisuales es exigible al margen de las dificultades técnicas que han surgido por el impedimento de la directiva europea sobre el audiovisual, según asegura el Gobierno, aunque ERC hace otra interpretación y considera que las cuotas sí que pueden incluirse en las plataformas que no estén radicadas en un país miembro de la UE. Si realmente se impone la interpretación del Gobierno, la solución no es fácil porque ERC considera irrenunciable la presencia del catalán en todas las plataformas, pero ambas partes están comprometidas a encontrar una salida al bloqueo.

A propósito de las reacciones a la decisión del Supremo sobre la inmersión, es cierto que están creciendo en Catalunya actitudes excluyentes sobre el uso del castellano en las aulas y fuera de ellas, pero también hay algún sector que no muestra la más mínima comprensión por el concepto de cooficialidad y por lo que dice la Constitución sobre el «especial respeto y protección» que merecen las lenguas cooficiales.

La Constitución debe interpretarse con objetividad y no pueden utilizarse solo las partes que convengan a una determinada posición política. En el caso de la lengua, fijarse solo, por ejemplo, en que todos los españoles tienen el deber (la obligación) de conocer el castellano y el derecho a usarlo. Pero este sesgo es algo demasiado habitual en la derecha española, tanto en este como en otros aspectos de la Constitución.