Memoria histórica Opinión Basado en interpretaciones y juicios del autor sobre hechos, datos y eventos

Melitón Manzanas, Puig Antich y Gustau Muñoz

El Gobierno español tenía la oportunidad de acabar con el gran agujero negro de las víctimas de la Transición. Lamentablemente, el proyecto de ley presentado, después de más de cuatro décadas de la muerte del dictador, todavía no lo asume

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Fotograma de la película ’Salvador’, de Manuel Huerga.

Fotograma de la película ’Salvador’, de Manuel Huerga.

Gracias a la película 'Salvador' del director Manuel Huerga, estrenada en 2006, miles y miles de jóvenes descubrieron que, en los años de su niñez, el régimen franquista ejecutaba a ciudadanos después de ser sentenciados en procesos judiciales celebrados sin ningún tipo de garantía y con todo tipo de pruebas fraudulentas. La divulgación del asesinato de Estado de Salvador Puig Antich, acontecido en 1974, impactó en una sociedad que en la primera década del siglo XXI sufría la amnesia colectiva diseñada a raíz de la preconstitucional Ley de Amnistía, de 1977. Un texto legislativo a través del cual se había eximido a las autoridades, funcionarios y fuerzas de orden público de la dictadura de toda responsabilidad por los delitos cometidos.

Quince años más tarde, ha sido presentado el documental 'Gustau, la Transició al descobert' y nuevamente miles de personas han descubierto que, después de la muerte de Franco, se continuó matando a ciudadanos en actos políticos. Efectivamente, Gustau Muñoz i Bustillo, independentista y comunista miembro del PCE(y), fue asesinado en la calle Ferran de Barcelona por varios disparos de la policía, el 11 de septiembre de 1978.

No fue un caso aislado. Está en proceso de edición una investigación del historiador David Ballester, que aportará datos impactantes sobre aquellos años. ¡Y rotundos! Con posterioridad a la muerte del dictador y hasta el año 1982, cuando con la llegada al poder del PSOE se empezaron a regular de manera incipiente las técnicas represoras de las fuerzas policiales, en el Estado español murieron a manos de la policía 134 personas. En concreto, 38 víctimas en manifestaciones, 91 víctimas a raíz de lo que se ha denominado “gatillo fácil” de la policía y 5 como consecuencia de prácticas de tortura. Justo es decir que estas cifras no incluyen las muertes de activistas de ETA en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, al tratarse de hechos de categoría distinta. De igual manera, hay que añadir a 65 ciudadanos más muertos por obra de pelotones de ideología nazi/fascista, a menudo protegidos por sectores policiales. En conclusión, ejecuciones sumarísimas en vida del dictador y un largo listado de asesinatos una vez enterrado.

Con todo, el Estado español, a pesar de haber integrado en la Constitución las normas del derecho internacional en relación con los derechos humanos y de haberse constituido como Estado de la UE, rehuyó hacer prevalecer los principios de justicia, verdad y reparación y homologarse con el resto de Estados democráticos, que también habían sufrido regímenes vulneradores de los derechos humanos y habían cometido crímenes de lesa humanidad. Como ejemplo, más allá de la reparación económica recibida, la condecoración en 2001 de Melitón Manzanas, jefe de la brigada políticosocial de Guipúzcoa, formado por la Gestapo alemana, ejecutor durante años y años de aterradoras torturas a ciudadanos antifranquistas. Convertido, pues, en el paradigma del modelo español de impunidad, tal como se reflejó en la sentencia del Tribunal Supremo del año 2008, que desestimó el recurso de nulidad y revocación de los honores presentado por la Asociació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans. Los magistrados argumentaron que la fortaleza de la democracia española radicaba en la capacidad de integrar en los principios democráticos a personas que, en el pasado, no los habían practicado y que no se podía presuponer que, si la vida del comisario no hubiera sido cortada por ETA en 1968, no se hubiera adecuado a las normas de comportamiento democráticas.

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Paradójicamente, Salvador Puig Antich (valga como ejemplo) quedó fuera de esta lógica. Porque, a pesar de que la Ley de la Memoria de 2007 preveía una serie de reparaciones para todas las víctimas, el mismo Gobierno de Rodríguez Zapatero, al año siguiente, aprobó un decreto que le vetaba los reconocimientos, a causa de haber sido militante del Movimiento Ibérico de Liberación (MIL). ¿Por qué, en este caso, no se tenía que presuponer que, a partir de 1978, habría dejado de ser miembro?

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De la misma manera quedó excluido Gustau Muñoz i Bustillo, asesinado en 1978, porque la Ley de la Memoria, incomprensiblemente, tan solo alcanzaba hasta 1977, dando por hecho que, a pesar de que no se había todavía plebiscitado la Constitución, ya se vivía en un régimen democrático.

El Gobierno español tenía la oportunidad de acabar con el gran agujero negro de las víctimas de la Transición. Lamentablemente, el proyecto de ley presentado, después de más de cuatro décadas de la muerte del dictador, todavía no lo asume. Habrá que ver si, por convicción o por necesidad, el PSOE cambia de opinión en las próximas semanas.