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La luz: ¿y las autonomías, qué?

Las comunidades deben decir si están dispuestas a renunciar a los ingresos extras por el precio desbocado de la electricidad

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La luz: ¿y las autonomías, qué?

Eduardo Parra / Europa Press

Es probable que el Consejo de Ministros de este martes apruebe, al menos, una primera entrega de las medidas anunciadas por el Gobierno para reducir el recibo de la luz. Deben ser medidas muy potentes pues, si se pretende cumplir el compromiso del presidente Pedro Sánchez de que el recibo del conjunto del año sea similar al de 2018 (descontada la inflación), la factura media de los cuatro meses que restan hasta finalizar el año debería bajar nada menos que en el entorno del 20%; esto es, una media de 11 euros menos al mes.

Dos de las medidas apuntadas por el Gobierno pueden conseguir un efecto fulminante. Cambiar el sistema de subastas que ahora mantiene el precio mayorista del megavatio entre los 140 y los 150 euros (más del triple que hace un año) es una de ellas. Pero las de efecto más rápido son, sin duda, las fiscales. Tras haber suspendido hasta fin de año el impuesto del 7% sobre la generación eléctrica y haber prorrogado la rebaja del IVA del 21% al 10% hasta fin de año, parecen quedar sobre la mesa tributaria solo dos opciones para abaratar el recibo: una mayor rebaja del IVA al 4% o la reducción hasta el mínimo posible del impuesto especial sobre la electricidad del 5%.

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Las crecientes bases imponibles de los tributos sobre la electricidad mitigan la pérdida de recaudación que, de otro modo, supondría una rebaja de tipos. Baste un ejemplo: un menor IVA, del 10%, sobre un megavatio a 150 euros (15 euros) reporta a la Agencia Tributaria mucho más que un impuesto del 21% sobre la base media de 40 euros de 2020 (8,40 euros). Aunque el IVA bajara al 4%, el impacto recaudatorio no sería tan potente como podría parecer en un primer momento, si se aplica sobre una base de 150 euros.

Lo mismo se podría decir del impuesto del 5% sobre la electricidad. Un ejercicio matemático muy simple sugiere que se podría reducir este impuesto al entorno del 1,5% sin perder recaudación, al aplicarse el nuevo porcentaje sobre un mayor precio del megavatio. La cuestión, en este caso, es que este impuesto es autonómico. Y que son las comunidades quienes deben decir si están dispuestas a hacer el mismo ejercicio que el Estado ha hecho ya con el IVA o si, por el contrario, no renuncian a los ingresos extras que les promete el desbocado precio de la luz.