Covid, libertarios y colectividad

A la espera del inicio del curso escolar, ha ido tomando cuerpo el debate acerca de la obligatoriedad de la vacunación para ciertas profesiones, ampliándose desde cuidadores en residencias y sanitarios a maestros y profesores. En la discusión a su favor o en contra, los que se oponen a la misma utilizan dos argumentos engañosos. Primero: si se exige, hay discriminación en contra los que, por las razones que sean, no se han vacunado; segundo: la obligatoriedad atenta contra derechos fundamentales de los individuos. Son falaces porque, respecto del primero, quien se ha querido vacunar ha podido hacerlo: los estocs de vacunas se acumulan, y el porcentaje de los que no están protegidos, en particular para los de 18 a 34 años, no parece aumentar. El segundo aspecto es, simplemente, falso: nadie habla de obligar. Otra cosa muy distinta es que, para ejercer ciertas profesiones, el estar vacunado forme parte de los requisitos que la permiten. Y para los que no quieran, lo acordado en Francia por Macron es ejemplo a seguir: la vacunación no es obligatoria, pero si es inexcusable si se quiere practicar determinadas profesiones. 

Las pretendidas restricciones a la libertad no son nuevas: recuerden la oposición de Aznar, cuando era presidente, a que nadie pudiera determinar cual era el nivel máximo de alcohol que él podía tolerar para conducir con seguridad. Ni tampoco somos únicos en Europa: las manifestaciones oponiéndose a controles parecidos en París, Berlín o Roma indican que ese espíritu libertario no es patrimonio nuestro. Pero sorprende esta renacida defensa de la libertad individual: nadie argumentó nada parecido en el primer confinamiento. 

En todo caso, y en lo tocante a esta discusión, ahí van algunas preguntas que no tienen fácil respuesta: los padres ¿deberían poder conocer si los maestros o profesores que atienden a sus hijos están vacunados? Y la misma argumentación (la del derecho a saber la situación sanitaria de aquellos en cuyas manos nos ponemos) sirve para dentistas, médicas, enfermeros o cuidadores/as de ancianos en residencias. ¿No debería ser el sector público el que garantizara que, en efecto, todos ellos están perfectamente vacunados? Y esa obligatoriedad, ¿habría que extenderla a otros profesionales con interacción social evidente (restauración, transportes, comercio…? Hay quien responde a esas cuestiones con un 'no' rotundo: son los libertarios de todo tipo (de derecha o de izquierda), que priman radicalmente el bienestar y las decisiones individuales; frente a ellos, se encuentran los que defienden la primacía del colectivo, y defienden que la libertad de uno termina justamente cuando afecta negativamente a la de otros. 

Antes que cerrar el ocio nocturno, ¿no hubiera sido más adecuado exigir el ‘pasaporte covid’ y abrir la actividad?

A diferencia de Francia o Italia, donde se han impuesto rigurosos controles de vacunación para acceder a establecimientos cerrados, aquí hemos ido con un tiento más que preocupante: antes que reclamar pruebas similares, más que razonables, se ha preferido mantener clausurado el ocio nocturnoo limitar la actividad en ciertos ámbitos. ¿No hubiera sido más adecuado exigir la vacunación y abrir la actividad? Pensando ya en la sexta ola, la combinación de altas tasas de vacunados y pasaporte obligado debería ser la política a seguir, si es que a nuestros dirigentes no les tiembla el pulso a que se les acuse de atacar las libertades individuales.

De parecidas exigencias a la de vacunarse está plagada nuestra vida cotidiana: nadie discute que para embarcarse en un avión se demande estar libre de la enfermedad; ni, por descontado, tampoco se utiliza ese argumentario para atacar las restricciones a la velocidad en carretera u obligaciones vinculadas (límites al alcohol, al uso del móvil, etcétera); al igual que la vida en común exige limitaciones al ruido, horarios determinados y otras restricciones. ¿Por qué, pues, la oposición al ‘pasaporte covid’? Exigencia no es obligatoriedad. No vayamos a confundirnos.

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