Salud o pelas

En salud pública hablamos de la paradoja de Rose, que dice que cuando realizamos una acción dirigida a proteger la salud de la comunidad, a menudo su beneficio recaerá sobre el conjunto de la sociedad, pero las cargas recaen sobre unas pocas personas o grupos concretos. Es el gran dilema entre bien público y derechos individuales, muy presente en la actualidad mediática y jurídica con la gestión de la pandemia del covid-19 y, en menor escala, en la crisis de la carne roja.

La salud pública tiene como función esencial la protección y prevención de la salud de la comunidad y eso implica buscar el interés y el bien comunes.

Por un lado tenemos el covid-19. A pesar de la importancia indudable de la vacunación, las dificultades para frenarla y su evolución con las nuevas variantes, la hacen insuficiente, con lo que es necesario continuar utilizando las ya clásicas medidas no farmacológicas: distancia, manos y mascarilla, junto con herramientas más restrictivas como los cierres, los límites de movimientos, las cuarentenas, confinamientos y toques de queda. 

Obviamente eso tiene una fuerte repercusión económica, especialmente sobre determinados sectores e implica limitaciones importantes de los derechos individuales. Después de un año y medio de crisis, hay una importante contestación frente a estas medidas y, además, se está judicializando el tema, con denuncias y sentencias contradictorias. A esto se añado el debate, menos marcado en nuestra casa que en otros países, sobre la necesidad u obligación de la vacunación contra el covid y el establecimiento de certificados y limitaciones a aquellos que no estén vacunados.

Por otro lado, en las últimas semanas el ministro de Consumo, Alberto Garzón, desenterró, con cierta falta de habilidad, la vieja recomendación de la OMS y del mundo científico sobre la conveniencia de limitar el consumo de carne roja por su impacto sobre la salud de las personas y el medioambiente. También es función de las Administraciones y, especialmente, de la Salud Pública, el advertir sobre los riesgos de determinadas conductas como el consumo de drogas, tabaco, el alcohol y, también, carne roja, e incluso limitarlas. Pero eso implica la queja del sector económico de la carne al considerar que, en un entorno de dificultades económicas importantes, esta recomendación les perjudica gravemente.

Pero, la alternativa, ¿cuál es? ¿No decimos nada? ¿No limitamos nada para no perjudicar a determinados individuos y sectores? ¿Estaremos haciendo nuestro trabajo? Frente a estos dilemas, salud o pelas, interés colectivo o derechos individuales, ¿cómo podemos tener claro que sería mejor hacer?

Algunos hablan del balance coste-beneficio: ¿Cuánto vale una vida? ¿Qué cantidad de dinero estamos dispuestos a dejar de ganar o perder para disminuir el impacto o el riesgo de una enfermedad? ¿Hasta qué coste es socialmente rentable el evitar una infección o una muerte? Hay herramientas para calcularlo.

Recordemos que un peligro es la capacidad de causar un daño, mientras que el riesgo es la probabilidad de que este daño se produzca en realidad, en unas circunstancias determinadas. En general, no podemos eliminar el peligro, pero sí podemos actuar sobre el riesgo.

No podemos olvidar los costes de disminuir los riesgos. Salud y economía están íntimamente relacionados, pero, ¿no es demasiado duro reducirlo todo a un “cuánto nos costará esto” y decidir qué más vale no perjudiciar la economía aunque se incremente el riesgo? Duro, pero la señora Ayuso y algunos otros lo han hecho.

También es muy fácil hablar desde el palacio de marfil de la ciencia, sin las responsabilidades de asumir las consecuencias. Salud por encima de todo. También hay quien lo hace.

¿Cómo podemos salir de este callejón sin salida? El tema radica en preguntarse si es justa la decisión. ¿Es ético esto que se plantea?

Una decisión, en políticas públicas y que enfrente derechos individuales e interés colectivo, debe cumplir 5 requisitos: ha de ser efectiva y proporcional, ha de responder a una necesidad real; ha de suponer la interferencia mínima posible en los otros; y ha de estar ampliamente justificada frente a la comunidad. Añadamos la despolitización e iremos mejor. 

No sé cómo lo ven ustedes, pero para mi, el bien público justifica las limitaciones de derechos individuales. Otra cosa es paliar los daños que originan estas limitaciones.

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