Casado y los indultos

Varias encuestas indican que el indulto a los políticos catalanes condenados por el Supremo es aprobado en Catalunya, pero es visto con rechazo en el resto de España. Sin embargo, la manifestación del domingo ha mostrado que la oposición a los indultos está lejos de generar grandes entusiasmos. 

Los diversos cálculos indican que el seguimiento fue bastante inferior al de la manifestación contra la negociación con la Generalitat, presidida por Torra, de hace dos años. Un primer motivo debe ser que la manifestación de “la sociedad civil” fue apoyada con fuerza por Vox, cuyo líder fue muy aplaudido, pero con menos ardor por el PP y Cs. Y ambos evitaron repetir la famosa foto de Colón 1 de los tres líderes de la derecha. Lo único que les unía era el rechazo a los indultos, nada positivo. Y esta actitud solo negativa moviliza bastante menos de lo esperado.

Que a Vox, o a Rosa Díez, les baste la protesta es comprensible. Creen que el catalanismo -no ya el independentismo- es funesto para España. Pero el PP es un partido de gobierno y no debería reincidir en las políticas de rechazo (al Estatut de 2006) que acabaron en la declaración unilateral de independencia de 2017. La democracia española debe superar la gran disfuncionalidad de un choque permanente con la Generalitat de Catalunya que gobierna grosso modo una quinta parte de España.

El Gobierno de Rajoy, con apoyo socialista, promulgó el 155 y los dirigentes catalanes entraron en prisión y fueron condenados. Pero en las elecciones de 2017, y ahora en las de 2021, los independentistas han vuelto a tener mayoría absoluta (esta última vez con el 52% de los votos). La fiscalía y el juez Llarena actuaron, seguramente con exceso de rigor, y el Supremo condenó a penas inferiores a las exigidas. 

Pero se ha comprobado que solo la aplicación de la ley no ha resuelto un conflicto político y que es imposible encauzarlo -o desinflamarlo- si los líderes de los partidos que democráticamente ganan -ajustadamente- las elecciones están en prisión.

Casi cuatro años después de 2017 la política debe recuperar protagonismo. El PP tiene derecho a oponerse a los indultos, pero debería proponer una alternativa que no fuera dejar que el conflicto se perpetuara eternamente. No lo ha hecho y se ha unido a una manifestación de protesta que ha distado mucho de ser un éxito y que ha puesto de relieve derivas peligrosas en un partido democrático. 

Que Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de Madrid, se interrogue en público sobre si el Rey debería firmar los indultos, y sobre su hipotética complicidad con la medida, indica gran ignorancia de lo que es un rey constitucional (que reina, pero no gobierna) y que debe firmar las leyes votadas por las Cortes y los decretos del Gobierno. 

Pablo Casado no dudo este lunes, afortunadamente, en corregir a Isabel Díaz Ayuso, más jaleada por los manifestantes, afirmando que el responsable de los indultos (él dijo “el único culpable”) sería Pedro Sánchez. Si Casado añadiera que es el jefe de Gobierno, al que las leyes facultan para indultar, la rectificación a Ayuso sería un paso en la buena dirección. El PP puede oponerse a los indultos, pero no negar la capacidad del Gobierno para decidirlos si cree que son de “utilidad pública” para encauzar la crisis catalana que España arrastra desde, como mínimo, 2010. 

Luego, el PP debería explicar con sinceridad su posible alternativa que debería ser algo más ambiciosa que la de quedarse con tres escaños en un Parlamento catalán de 135.

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