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¿Sin Govern y sin aeropuerto?

Una repetición electoral podría comportar retrasos en la decisión de la Generalitat que hicieran imposible la ampliación de El Prat

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Pasajeros en el aeropuerto de El Prat, el 1 de abril.

Pasajeros en el aeropuerto de El Prat, el 1 de abril. / ACN / ALBERT CADANET

Catalunya está sin un Govern efectivo desde inicios de 2020, cuando el ‘president’ Torra dio por agotada la legislatura por falta de confianza entre los socios. Y ahora la pelea pública entre ERC y JxCat puede obligar a repetir elecciones en julio y a que no haya nuevo gobierno hasta pasado el verano. Y aunque al fin haya un mal pacto –siempre mejor que otras elecciones– puede salir un Govern débil y dividido. ¿Qué decisiones podría tomar?

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La pregunta inquieta porque Catalunya corre el riesgo de quedarse sin Govern y también sin aeropuerto. El Prat nunca fue asignatura fácil. La capital del Estado es Madrid y solo el alcalde Maragall lo priorizó en su intento de poner a la ciudad en el mapa del mundo. Y la escasez de terreno hacía que cualquier ampliación topara con el valor ecológico del delta del Llobregat –el de Madrid está en un páramo– y tampoco fue prioridad para la Generalitat de Pujol.

Luego se exigió la gestión para Catalunya, pero con la crisis de 2008 el asunto perdió centralidad porque lo primero que precisa un aeropuerto es una gran inversión pública. Y en España los recortes empezaron por ahí.

Ahora la situación es otra. El coronavirus ha hundido el tráfico aéreo, pero la recuperación comportará –con algún retraso– que los aeropuertos vuelvan a llenarse y la inversión en infraestructuras será uno de los motores del retorno al crecimiento. Por eso AENA ha reactivado sus planes de inversión para el período 2022-2026 que deben aprobarse en el último trimestre. Para el aeropuerto de Madrid –61 millones de pasajeros el 2019– no hay problemas y se ampliará para llegar a una capacidad de 80 millones.

En el de Barcelona se llegó a 53 millones de pasajeros en 2019 y, sin ampliación, tiene poco margen para crecer. Pero ampliar no es fácil porque el terreno es limitado y la prolongación de la tercera pista amenaza una zona ecológicamente protegida. Según la normativa europea es posible hacerlo, pero solo si ese daño es compensado y con creces. Por eso el proyecto propone proteger 10 hectáreas por cada una sacrificada. Pero para que Europa apruebe la ampliación es preciso el visto bueno previo de las autoridades locales. Sin el ok de la Generalitat –nada fácil pues exige un análisis riguroso de ventajas e inconvenientes– AENA no podrá programar la inversión de 1.700 millones y el aeropuerto quedará congelado. Y la Generalitat actual –que está en funciones– sigue indecisa, como antes de la pandemia. No dice ‘no’ a una inversión estratégica de 1.700 millones, pero tampoco dice ‘sí’. Y todo se agravaría en caso de repetición electoral porque no habría Govern hasta septiembre, que es casi cuando AENA debe aprobar su plan inversor.

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Así, otro de los graves males de no tener Govern es que la estratégica inversión del aeropuerto –quizá más relevante para el futuro que los JJ.OO– puede perderse. No tanto por un no claro, sino por la indefinición de la Generalitat que duda entre la apuesta por un ‘hub’ internacional para Barcelona y los posibles conflictos con el ecologismo menos pragmático. ¿Puede acabar todo en algo así como un “no sabe, no contesta”?

Barcelona y Catalunya necesitan un gran aeropuerto –como el de que dispondrá Madrid– que no las marginalice. Y eso exige tanto garantizar que el daño ecológico será rigurosamente compensado como que la Generalitat dé el visto bueno. ¿Habrá un Govern capaz de afrontar esta decisión antes de octubre? Si no fuera así será imposible quejarse luego de la insuficiencia de las inversiones del Estado.