La vivienda, cuestión urgente

Desde hace prácticamente un año, cuando empezó la crisis del coronavirus, las calles y plazas de Barcelona, sobre todo en el centro, aparecen medio vacías, con menos gente, un poco tristes. La sensación es extraña. Y no es solo que los turistas hayan prácticamente desaparecido. El paisaje de establecimientos cerrados, muchos de ellos en traspaso, y el cierre de bares y restaurantes tras la hora del almuerzo, contribuyen a una sensación de vacío.

Pero no se trata solo de una sensación. Barcelona está perdiendo barceloneses. En concreto, la población de la capital de Catalunya descendió en más de 13.000 vecinos entre el 1 de enero y el 1 de octubre del pasado año. Nueve meses. Tras la pérdida de habitantes se halla la pandemia, que ha causado un aumento de la mortalidad y ha frenado la llegada de inmigrantes. 

Son muchos también los barceloneses que han decidido trasladarse a su segunda residencia, aprovechando la extensión del teletrabajo, la educación a distancia y las compras por internet. Los ciudadanos que han emigrado han apostado por núcleos más pequeños, con buena calidad de vida y donde se sienten más seguros ante el covid-19. Además, todo es más barato, empezando por la vivienda, cuyos precios de alquiler en Barcelona, pese a que han bajado, resultan prohibitivos para muchas economías. Algunos barceloneses se han quedado en la ciudad, pero han abandonado sus barrios para trasladarse a otros más asequibles.

El covid-19, así lo esperamos, irá abandonando nuestras vidas. Sin embargo, el problema del precio de los inmuebles –un mercado hoy en gran medida paralizado por la fuerte incertidumbre– continuará presente, en un contexto desgraciadamente marcado por una crisis económica que tendrá, está teniendo ya, graves consecuencias sociales.

Hace muchos años que es necesario implementar políticas robustas que faciliten el acceso de los barceloneses a la vivienda, pero hoy resulta más urgente que nunca. Hacer realidad esas políticas no es sencillo, pues son muchos los intereses y los derechos que hay que armonizar si realmente se pretenden alcanzar resultados positivos.

No parece que un problema de gran complejidad como este pueda resolverse de un plumazo ni con recetas simples. Al contrario, para facilitar el acceso a la vivienda es necesario dialogar con todas las partes afectadas, también con el sector privado. Fijar un techo a los precios de alquiler, por ejemplo, no puede ser una medida aislada, en el vacío, menos aún puede imaginarse que por sí sola va a solucionar un problema que, amén de estructural, es el resultado de múltiples factores. 

Por otra parte, es evidente que las acciones que se impulsen no pueden centrarse solamente en contener artificialmente los precios. Hay que elaborar medidas que incentiven sobre todo la oferta de alquiler. Para empezar, debiera evitarse que el propietario o arrendador perciba que se le convierte en el chivo expiatorio de la situación, que tenga la desagradable sensación de que las autoridades le asedian o castigan por su –supuesta– codicia y egoísmo. Al contrario: hay que colaborar con los arrendadores a fin de diseñar y activar políticas que les den confianza, que les ofrezcan garantías, que le animen, en definitiva, a poner su piso en el mercado. Y no opten por mantenerlo vacío o por venderlo. Si, en cambio, lo que se hace es todo lo contrario, el resultado será que la oferta de alquiler no crecerá al ritmo que la ciudad necesita, algo que agravará un problema que, como señalábamos, hay que abordar de forma urgente.