Cortes de luz inasumibles

El frío hace más insoportable el reiterado problema de cortes de electricidad, en ocasiones casi diarios, que sufren los vecinos de algunos de los barrios más degradados de nuestras ciudades. Cuando la temperatura baja como lo está haciendo estos días, si no se puede encender la calefacción, ni la luz ni los electrodomésticos más básicos, la vida cotidiana se trastoca. A veces, incluso, peligra la propia vida, como contaba una mujer conectada a un respirador de oxígeno o un anciano que tras una caída no pudo pedir auxilio por el botón de teleasistencia porque no había corriente. Son casos reales recogidos en la serie de reportajes publicados en EL PERIÓDICO sobre un problema grave del que parece que nadie quiere asumir del todo la responsabilidad. El tema, explican quienes lo han estudiado, es complejo, porque no hay una sola causa ni una solución común para todos. En este asunto hay familias necesitadas que viven en pisos ocupados, pillos que pinchan la luz sin estar en situación de vulnerabilidad, cultivadores de marihuana en casa (que multiplica por 20 el consumo eléctrico de un hogar medio) y abonados que pagan puntualmente la factura y sin embargo sufren constantes apagones. El resultado son barrios enteros (Raval y Torre Baró, en Barcelona; Sant Roc, en Badalona...) afectados por un mismo problema.

Lo primero es conocer su magnitud. Solo en Catalunya, se calcula que hay al menos 390.000 hogares de una treintena de municipios afectados. Son cifras orientativas de los alcaldes, porque en realidad no hay datos exactos. El Departament d’Empresa de la Generalitat, que tiene las competencias en distribución de la red eléctrica, está pendiente de que Endesa, empresa que distribuye el 90% de la electricidad en Catalunya, le envíe el registro de los cortes de luz desde noviembre de 2020 hasta febrero de 2021, para decidir sus próximas acciones. Pueden encontrarse con situaciones muy diversas: puede ser que la compañía ofrezca un servicio deficiente en esas zonas, pero los cortes de luz también pueden darse por seguridad, para evitar incendios ante sobrecarga de la red. Las distribuidoras eléctricas dimensionan la red en función de los clientes que tienen contratados en cada zona; cuando el consumo es mayor del esperado la red se sobrecarga. También puede darse el caso de que la instalación doméstica sea deficiente, y entonces seguramente haya detrás un usuario sin recursos para costearse un cableado nuevo. Debe ser la Administración, en este caso la Generalitat, la que identifique con ayuda de los ayuntamientos aquellas situaciones de vulnerabilidad para otorgar las ayudas y atención social necesaria. Y de forma paralela, impulsar cambios legales para minimizar los pinchazos (las personas que viven en pisos ocupados, por ejemplo, no pueden tener contadores de la luz, lo que las empuja al fraude). En el resto de casos que no tengan que ver con la pobreza energética, la actuación debe ser más estricta, aplicando las sanciones que correspondan. Y más contundente ha de ser la respuesta contra las plantaciones de marihuana, porque confluye un problema de salud pública.

No se puede dejar a las compañías que carguen ellas solas con el peso de los pinchazos fraudulentos, así como tampoco es justo que el conjunto de vecinos asuman las consecuencias en forma de constantes apagones. Desde la Administración se afirman que harán falta meses para conocer las causas reales de los cortes de luz. Un tiempo demasiado largo, inasumible para los afectados que no ven garantizado un servicio básico, e inasumible como sociedad, ya que no se debería aceptar como algo normal.