Pobreza, policía o eléctricas: ¿quién tiene la culpa de los cortes de luz?

Las víctimas son demasiadas, y bien visibles. Abuelos que temen no poder avisar a la ambulancia o ahogarse en plena noche, madres que deben bañar a sus hijos en cazuelas y que no tienen para calentarles el biberón, y familias que luchan cada día para no congelarse entre la nieve. EL PERIÓDICO ha visitado algunos de los barrios que este invierno viven constantes y largos apagones de luz. ¿Por qué se producen estos cortes que impiden una vida digna? ¿Cómo se resuelven estas incidencias? ¿Quién es el culpable? No son respuestas fáciles. Las administraciones admiten que harán falta meses para conocer la causa real de estos cortes de suministros, pendientes de los datos que les puedan proporcionar las compañías eléctricas. A nadie se le escapa que los cortes se producen en barrios olvidados y abandonados desde hace años, y donde las secuelas de las sucesivas crisis económicas nunca logran cicatrizar.

Los vecinos del Raval clamaban este jueves de nuevo en las puertas de Endesa, pidiendo una tregua a los constantes cortes de luz que vive el barrio. A la misma hora, el concejal del distrito se reunía con representantes de la compañía. Según sus palabras, de poco sirvió el encuentro. Muchas buenas intenciones, y pocos datos. Las únicas cifras que puedan ayudar a conocer la magnitud de los cortes de luz en Catalunya este invierno llegaron en una reunión de alcaldes del Área Metropolitana, Terrassa y Sabadell con la Generalitat el pasado viernes 15 de enero. Se contaron hasta 390.000 hogares afectados de una treintena de municipios.

Oficialmente, la Conselleria d'Empresa de la Generalitat, quien tiene competencias en la distribución de la red eléctrica en Catalunya, dice desconocer el alcance real de la problemática. "Sabemos lo que nos comunican los alcaldes o los vecinos, pero desconocemos cuántas viviendas lo están sufriendo", comentan fuentes de la dirección general de Energía del Govern. Para esclarecerlo han pedido a Endesa un registro de los cortes de luz producidos en Catalunya desde noviembre de 2020 hasta febrero de 2021. "Y a partir de entonces podremos saber qué es lo que hay", puntualizan.

Entre el 'tiepi' y el 'niepi'

A diferencia del agua, la distribución de la energía eléctrica es una competencia estatal, que se regula a través del real decreto 1955/2000. Allí se establecen dos parámetros con los que se calcula la calidad de la red eléctrica. Se llaman Tiepi y Niepi. El primero cuenta el tiempo que duran las interrupciones de la luz y el segundo el número de interrupciones producidas. Según la ley, las empresas distribuidoras de electricidad no pueden cortar la luz más de 12 veces durante seis horas en un año. Y de hacerlo, deben ofrecer descuentos a sus clientes en la factura, además de reparar la red eléctrica.

Los datos que tiene a la Generalitat, como también las auditorías realizadas por el ente público, señalan que la red de Endesa está por debajo de estos parámetros. Un dato relevante en tanto que esta compañía es quien distribuye más del 90% de la electricidad en Catalunya. Pero a pesar de los registros, es evidente que algo falla. "Puede que los indicadores marcados en la ley no sean correctos, y que haya de modificarla ", apuntan desde el Govern. Esta decisión está en las manos del Ministerio de Transición Ecológica, que se limita a aclarar que año a año realiza un seguimiento de estos indicadores de calidad. Los últimos datos disponibles, de 2018, decían que todo se encontraba correctamente.

Sobrecargas y sin ayudas

La compañía defiende que es la sobrecarga de la red, derivada de las instalaciones fraudulentas, las que hacen que se vaya la luz. Explican que los cortes se producen "por seguridad" y para evitar "problemas de mayor índole que pudieran generar incendios". "Si tienen razón, y la red no está en mal estado, las consecuencias podrían ser peores", apuntan desde la Generalitat. "No se le escapa a nadie que las viviendas deben renovar su cableado eléctrico a medida que pasan los años. Hay familias que no se lo pueden permitir, y escasean ayudas en ese sentido", reconocen las mismas fuentes del Govern.

Otra cuestión está en los 'pinchazos' de suministro por las familias que ocupan viviendas. Aunque se tratara de hogares vulnerables en espera de un alquiler social -que se cuentan por centenares solo en Catalunya-, la ley no permite instalar contadores en una casa si el propietario no está conforme. Menos aún si no tiene cédula de habitabilidad, o si hay que reparar la red de nuevo. El alcalde Xavier García Albiol, en Badalona, se ha comprometido a cambiar esta situación, como ya se hizo en el barrio de La Mina (Sant Adriá del Besós), aunque allí todos los pisos estaban en manos de un ente público. Falta por ver si Albiol lo consigue y si la compañía se abre a ello. La Generalitat, por su parte, desconoce cuantos hogares ocupados hay en Catalunya, ni cuantos están pinchados a la red eléctrica.

Tampoco lo sabe la compañía con precisión. Solo detectan el fraude cuando salta la red en una zona bastante amplia. Lo dicen agentes de los Mossos, y lo confirma Endesa, que es quien entonces debe inspeccionar los contadores o usar cámaras de temperaturas para saber dónde se producen los pinchazos. En muchos barrios, este trabajo requiere de presencia policial. Según expone la compañía, las amenazas, extorsiones y agresiones a los técnicos son el pan de cada día.

Respuesta policial y puerta a puerta

Y finalmente están las plantaciones ilegales de marihuana. Catalunya se ha convertido en la huerta de Europa de esta droga y las plantaciones 'indoor' son un fenómeno extendido en toda la geografía. Estos pisos necesitan electricidad para que el género crezca, llegando a multiplicar por 20 el consumo habitual de una familia. Aquí tanto las administraciones como la empresa tienen claro que la respuesta es únicamente policial. Encontrar y detener a todos delincuentes que usan los pisos para tales causas.

"En el fondo, la solución pasaría por conocer caso a caso: dar ayudas a unos para que puedan tener luz de forma legal, y poner las esposas a los otros que infringen la ley", reflexionan fuentes de la Generalitat. "La clave está en la posibilidad física de acabar con el fraude", añaden desde el Ministerio de Transición Ecológica. ¿Quién tiene tiempo y dinero para visitar familia por familia? ¿Para abordar la realidad que sigue, a pesar de la penumbra? Otra pregunta sin respuesta. Vivir, y gobernar, a tientas.

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