Gestión de la pandemia

Sarta de despropósitos

Lo visto estos días es esperpéntico: una fiesta ilegal de unas 300 personas que se alarga casi dos días y una vacunación ‘masiva’ que avanza a paso de caracol

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Desalojo de la ’rave’ de Llinars, el pasado 2 de enero.

Desalojo de la ’rave’ de Llinars, el pasado 2 de enero. / Carola López (ACN)

¡Dios, que inicio de año! Dado lo ya vivido, uno tiende a la tolerancia al evaluar las actuaciones humanas y, entre ellas, las de nuestros funcionarios, unos asalariados que tienen asegurado su empleo de por vida. Pero, como dice el castizo, ¡hasta aquí podíamos llegar! Porque lo visto estos días es, simplemente, esperpéntico: una fiesta ilegal de unas 300 personas que se alarga casi dos días y una vacunación ‘masiva’ que avanza a paso no ya de tortuga, sino de caracol. Vean si no.

La 'rave' más famosa del país, el fiestón en Llinars del Vallés iniciado la tarde del 31 de diciembre, contraviniendo todas y cada una de las instrucciones impuestas para controlar el covid, fue imposible finalizarlo hasta la mañana del 2 de enero. Este episodio sugiere algunas relevantes reflexiones. La primera no es la insólita, por tardía, actuación de nuestras autoridades, sino lo que expresa su negativo: el desdén con el que el Govern trata al conjunto de catalanes que, escrupulosamente, cumplen con las restricciones de estos días. Como afirmaba un empresario del sector del entretenimiento: por poco que alguno se pase de la raya, quien manda está ahí para multar inmediatamente. No sé si nuestros gobernantes han comprendido adecuadamente la magnitud del cabreo que ha generado su inacción: es difícil aceptar que a unos se aplique una severa vara de medir mientras otros reciben un magnánimo trato.

En segundo término, hay que destacar también la argumentación de algunos asistentes extranjeros: en Francia la impiden (la 'rave' se entiende) y por ello se viene a Catalunya y España, países de libertad. ¿Les suena esta argumentación? ¿A pasiva aceptación del turismo de borrachera, quizá? Finalmente, deja atónito el insólito debate entre los departamentos de Salut e Interior acerca de la imposibilidad legal de obligar a los asistentes a hacerse pruebas de covid: tras nueve meses del inicio de la epidemia, habiéndose desalojado no sé cuántas fiestas ilegales, ¿no tenemos todavía claro cómo hay que tratar a esos irresponsables?

Tenemos una clase política que no está a la altura de nuestras necesidades. Y una función pública que tampoco da la talla

Sumen a ello, el cansino ritmo de la vacunación de nuestros mayores y sus cuidadores. El Govern avanzó que, en 15 días, se habría vacunado a unos 120.000 ciudadanos, todos ellos en residencias. ¿Resultados de la primera semana? Cerca de 8.000 agraciados, con el sábado día 2 batiéndose todas las marcas con solo dos vacunados, unos retrasos que pueden generar consecuencias no menores: más muertes que, quizá, se hubieran podido evitar. Las razones de esta tardanza han sido diversas: problemas logísticos en la recepción de refrigeradores de Gran Bretaña, dificultades en conseguir el consentimiento de los ancianos (o sus responsables), apuros en formar los equipos, incorrecta planificación y, lo que ya es el colmo, ¡exceso de optimismo! Ante tamaña retahíla de excusas, solo cabe preguntarse si el Departament de Salut no sabía a quién, cómo, dónde y cuándo se vacunaría.

Las lecciones que pueden extraerse de estos dos ejemplos descorazonan. De entre las posibles, permítanme comentar, entre las más sustanciales, las dos siguientes. En primer lugar, la manifiesta incompetencia de unas autoridades que se han acostumbrado a rechazar cualquier responsabilidad, escudándose en lo excepcional de la situación. Y ello no es de recibo. Ni lo era en marzo/abril, tras el ejemplo del colapso sanitario de Italia, ni lo es ahora. Hay que exigir, a los que quieran dirigirnos, que vayan a su trabajo desayunados y con los deberes hechos: el país no es el ámbito en el que deban aprender.

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Una segunda, y amarga, lección de estos hechos apunta a que las vacaciones de final de año han sido determinantes, tanto en las dificultades para frenar la 'rave' como en la paralización de la vacunación. Unas vacaciones que esconden un problema mayor: el de la eficiencia y diligencia de nuestra función pública en atender una sociedad en estado de emergencia. Todo sugiere que nuestros funcionarios, los que sean en los departamentos afectados, continúan operando como si la pandemia no existiera: ¿parar la vacunación por vacaciones de los que las suministran?  ¿A quién se le ocurrió?

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En el último año hemos visto demasiada incompetencia de nuestros administradores. Por ello, lo deprimente de estos últimos, e intolerables, ejemplos es que ya no sorprenden: podían suceder, cabía esperarlos y, finalmente, han aparecido. Tenemos una clase política que no está a la altura de nuestras necesidades. Y una función pública que tampoco da la talla. De todo ello, ¿qué nos queda? Nada más que amargura y tristeza: vaya país que nos ha quedado.