Decisiones difíciles

El Gobierno de PSOE y Unidas Podemos ha superado la prueba de fuego de los presupuestos para 2021, lo que en teoría debiera proporcionar cierta tranquilidad a los equilibrios internos en el Ejecutivo. Sin embargo, la necesidad de tomar decisiones de gran calado en el ámbito de diversas políticas sociales y laborales no lo pondrá fácil. Habrá que ver hasta dónde llegan esta vez la desavenencias. Unos y otros están dispuestos a tirar de la cuerda con fuerza, aunque saben también que esta no puede romperse y que al final, les guste más o les guste menos, tendrán que ponerse de acuerdo. Los asuntos son fundamentalmente tres. Las pensiones, el salario mínimo interprofesional y, por último, la reforma laboral. 

En cuanto a lo primero, el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, tiene sobre la mesa la propuesta de alargar de 25 a 35 años el periodo de tiempo utilizado como base para computar el importe de las pensiones, algo que en muchos casos supondría en una rebaja en las percepciones. Ni Unidas Podemos -con Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social al frente- ni los sindicatos van a aceptar fácilmente la modificación. Pese a que el precio del dinero y la relajación de las reglas de austeridad para hacer frente a los estragos de la pandemia pueden invitar al endeudamiento público, las exigencias presupuestarias son múltiples y acuciantes, y Europa también reclama como condición para el acceso a los fondos de reconstrucción reformas estructurales, entre las que debe figurar la de un sistema de pensiones que viene siendo deficitario desde 2010. El único objetivo responsable es garantizar la sostenibilidad a medio y largo plazo, y el único medio para hacerlo posible, la concertación social. En este sentido, las recomendaciones aprobadas recientemente por el Congreso para la reforma del sistema en el marco del Pacto de Toledo (utilizar como modelo la anterior ampliación de 15 a 25 años, que fue gradual y no se rematará hasta 2022, facilitar que el trabajador pueda elegir la franja de años que le resulte más favorable y no desamparar a los trabajadores con situaciones de desempleo en la etapa final de su vida laboral) deberían convertirse en la base para que el acuerdo sea posible.

El segundo dilema se dará en torno a si es conveniente aumentar de nuevo el salario mínimo interprofesional. El SMI dio un salto sin precedentes en 2019, pasando de los 736 euros de 2018 a los 900. En el año 2020, el aumento lo situó en los 950 euros. Los sindicatos y Unidas Podemos reclaman un nuevo incremento y se niegan de plano a una eventual congelación. Las patronales advierten que una nueva subida no es sensata ante la inflación negativa, la incertidumbre provocada por el covid-19 y la baja actividad en sectores estrechamente vinculados al salario mínimo. Al mismo tiempo, existe entre los expertos una gran incertidumbre en relación a los efectos negativos que sobre el empleo pueda acarrear una nueva subida.

Y aún queda por abordar el alcance y la profundidad de la próxima reforma laboral. En la reciente entrevista que Pedro Sánchez concedió a EL PERIÓDICO, el presidente vinculó la reforma al consenso de patronales y sindicatos. Para los socialistas es fundamental el mantenimiento de la paz social en un momento tan crítico como el que España atraviesa. No obstante, en Unidas Podemos rechazan que sea necesario contar con el acuerdo de los empresarios. Sin embargo, como en los casos anteriores, o en la negociación de la renovación de los erte, no estamos en tiempos de confrontación, sino de concertación.