Seguridad Social

Escrivá plantea alargar de 25 a 35 años el periodo para calcular la pensión

Unidas Podemos y sindicatos rechazan la propuesta por estimar que recortará las prestaciones

El ministro "discutirá" la reforma con los agentes sociales y con la Comisión Europea

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Rosa María Sánchez

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El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, pretende elevar de 25 a 35 años de cotización el periodo que debe servir para estimar la cuantía de la pensión de jubilación. Según las fuentes consultadas, esta propuesta figura en un borrador que Escrivá planteó al resto de ministros del área económica del Gobierno, en el seno de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos (CDGAE) de la semana pasada, como una medida para contribuir a ajustar las cuentas de la Seguridad Social. 

El ministro Escrivá, no obstante, rechazó este lunes hacer ningún comentario sobre esta propuesta durante su participación en un encuentro organizado por Nueva Economía Forum. “Tengo que ser prudente y el Gobierno en general debe ser prudente”, dijo el ministro en respuesta a las informaciones publicadas por 'La Vanguardia' y 'El Mundo' sobre la propuesta de alargar a 35 años el periodo de cómputo de las pensiones, en contra del criterio de Unidas Podemos

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al ser pregunta por posibles "recortes" en las pensiones futuras derivados de la ampliación del periodo de cómputo afirmó que estos “no están contemplados en el programa de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos ni en el Pacto de Toledo”. 

La portavoz de Podemos, Isa Serra, por su parte, manifestó su rechazo a la propuesta y dijo que todo lo que no sea mejorar el nivel adquisitivo de los pensionistas será “ir hacia atrás”. Desde la formación morada se interpreta que ampliar a 35 años el periodo de cálculo sería una forma de bajar las pensiones.

Rechazo sindical

El ministro de Seguridad Social no quiso alimentar la polémica y se remitió a sus negociaciones con los agentes sociales para la reforma de las pensiones, a cuya mesa no habría llegado aún de manera formal esta propuesta, según las fuentes consultadas. No obstante, fuentes sindicales avanzaron que sería “inadmisible” una propuesta de este tipo. “Esperamos que no sea cierto y que ni siquiera sea un globo sonda”, apuntaron. 

Según explicó Escrivá, la reforma de la Seguridad Social también está siendo discutida con las autoridades de la Comisión Europea, dentro del marco de condicionalidad que rodea la asignación a España de 140.000 millones de fondos europeos de reconstrucción para los seis próximos años. La Comisión Europea espera de España medidas de consolidación de las cuentas de la Seguridad Social que compensen la decisión adoptada por todas las formaciones políticas del Pacto de Toledo para revalorizar las pensiones de acuerdo con el IPC real en el futuro. 

El ministro Escrivá prevé presentar en el Congreso el proyecto de ley de reforma de la Seguridad Social en las próximas semanas. En alguna ocasión ha expresado su deseo de que sea el primer proyecto que entre en Las Cortes en el próximo periodo de sesiones.

Segunda ampliación

El cálculo de las pensiones se realiza a partir de los salarios (base reguladora) de los años previos a la jubilación. En la reforma del 2011 se decidió alargar de 15 a 25 años este periodo y se optó por hacerlo de forma gradual, desde el 2013, a razón de un año adicional por cada ejercicio. Así, en el 2021 este periodo será de 24 años y se alcanzará la meta de los 25 en el 2022.

Si se da por hecho que en los últimos años de vida laboral se concentran los mejores salarios de un trabajador, se llega a la conclusión de que ampliar el periodo dará como resultado una media más reducida. Si, por el contrario, se tiene en cuenta que muchos trabajadores de más de cuarenta años han sufrido recortes salariales sucesivos desde la crisis del 2008 e incluso desempleo, se podría extraer la conclusión contraria.

En el acuerdo adoptado por el Pacto de Toledo hace unas semanas no se hace referencia expresa a alargar el periodo de cómputo (tampoco lo contrario) pero sí a estudiar que los trabajadores pueden elegir “los años más favorables” para la determinación de la base reguladora de la pensión. 

También alude el Pacto de Toledo a evaluar la progresiva ampliación del plazo actual de 35 años cotizados que permite alcanzar el 100% de la base reguladora.