26 oct 2020

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Análisis

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la intervención del líder del PP, Pablo Casado, en la sesión de control al Ejecutivo este 14 de octubre en el Congreso. 

MARISCAL (EFE)

El PP, la 'Gürtel' y el Gobierno "ilegítimo"

Rosa Paz

Sánchez fue presidente del Gobierno en el 2018 por un mecanismo perfectamente legal, legítimo y constitucional, y lo es ahora porque eso es lo que ha dictado la ciudadanía en las urnas

Un elemento esencial en la estrategia del PP de Pablo Casado fue, desde el primer momento, tachar al Gobierno de Pedro Sánchez de “ilegítimo”. Se ha olvidado ya, porque la gravedad de la pandemia del covid-19 lo cubre todo, pero en la investidura del presidente, allá por el día de Reyes y sucesivos, el líder popular ya utilizó ese argumento. Sánchez se disponía a formar un Gobierno carente, a su juicio, de legitimidad, porque los socios de investidura no le gustaban a la derecha: ni Podemos, ni el PNV, ni ERC y mucho menos Bildu. El de la ilegitimidad es uno de los razonamientos que ha seguido utilizando el PP durante el confinamiento, la desescalada y esta difícil nueva normalidad, con la intención de erosionar al Ejecutivo y contribuir a su caída.

El Gobierno de Sánchez llegaba avalado por los resultados de dos elecciones, las que se celebraron en abril y en noviembre del año pasado, en las que el PSOE fue el partido más votado, a gran distancia del PP, aunque sin la fuerza parlamentaria suficiente como para gobernar en solitario o ser investido solo por los votos de los diputados socialistas. Así que hubo pactos. Lo normal en democracia.

Este miércoles, al calor del fallo del Tribunal Supremo sobre el caso ‘Gürtel’, los populares volvieron al ataque y, obviando los comicios y lo que de verdad dice el auto del alto tribunal, atribuyeron de nuevo ilegitimidad al Gobierno, asegurando que la moción de censura de Sánchez contra Mariano Rajoy en el 2018 se basó en “una mentira”. “Alguien es presidente del Gobierno en estos momentos gracias a una sentencia que en aquel momento era provisional”, aseguró José Luis Martínez-Almeida, prudente alcalde de Madrid hasta que Casado le nombró portavoz nacional del PP.

Lo único cierto es que la sentencia estaba pendiente de los recursos ante del Supremo. Sánchez fue presidente del Gobierno en el 2018 por un mecanismo que recoge la Constitución, por tanto perfectamente legal, legítimo y constitucional, y lo es ahora porque eso es lo que ha dictado la ciudadanía en las urnas, en consecuencia lo fue y lo es conforme a las reglas que rigen la democracia.

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En cuanto a lo que dice el Supremo, es verdad que señala que no hay responsabilidad penal para el PP por la caja 'b', porque no estaba encausado como persona jurídica, ya que en el momento en que se instruyó el sumario esa posibilidad legal aún no existía. Pero confirma que ese partido se benefició de los negocios corruptos de la trama ‘Gürtel’ y considera probada la estrecha relación de Francisco Correa con dirigentes del PP y cómo eso le permitió crear un sistema de corrupción institucional para aprovecharse de la contratación pública.

Rajoy, que considera “una reparación moral” la sentencia del Supremo, dice que ningún militante del PP ha sido condenado. Sin embargo la condena alcanza a dos extesoreros, un consejero autonómico, dos alcaldes y un diputado nacional, ya fuera del partido, claro. Quedan además sumarios pendientes, el de la caja 'b', por ejemplo, y sobre el PP sobrevuela la amenaza del extesorero Bárcenas si su mujer, Rosalía Iglesias, ingresa en prisión. Y lo hará en los próximos días.