Conflicto institucional

La ausencia del Rey en la entrega de los despachos a los nuevos jueces ha provocado un conflicto institucional bastante serio, como han mostrado los medios de comunicación. Es necesario aprender de lo ocurrido, ya que, desde mi punto de vista, hubiera sido posible mitigar sus consecuencias.

Estamos ante un conflicto político, que no entra dentro de lo que la ley orgánica del Tribunal Constitucional define como un conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales del Estado, en los artículos 59.1 y 73 y siguientes. En efecto, no se trata de que el Gobierno o el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reprochen haber ejercido atribuciones que no les corresponde. Si fuera así, cualquiera de ellos hubiera podido acudir al Tribunal Constitucional, que resolvería de acuerdo con las reglas constitucionales. No es así, porque lo que ha ocurrido tiene más que ver con una mala gestión que con el desbordamiento de competencias.

La agenda institucional del Rey

El Gobierno de España puede condicionar la agenda institucional del rey. Estamos en una monarquía parlamentaria, y el jefe del Estado debe ejercer su función representativa en el marco de lo que disponga el Gobierno de turno. Pero este debe asumir la responsabilidad de las decisiones que impone al Rey, de modo que debe dar explicaciones si le son requeridas. En el caso que nos ocupa, el Gobierno empezó dando evasivas para al final aducir razones de seguridad, sin concretar casi nada. Parece que hay una relación inversamente proporcional entre el tiempo que se tarda en contestar y la credibilidad de la respuesta, de modo que no es de extrañar que la oposición haya aprovechado la ocasión para atribuir al Gobierno las intenciones que más desgaste le puedan ocasionar.

En cuanto al CGPJ, su frustración es comprensible. La presencia del Rey en la entrega de despachos a los nuevos jueces tiene una fuerte carga simbólica, como recordatorio de que el poder judicial es un poder del Estado que el Monarca simboliza, que se ejerce por los jueces y magistrados. La intensidad de las quejas hechas públicas por Carlos Lesmes, presidente del CGPJ, incomodó al ministro de Justicia, pero tal vez su malestar hubiera sido menor si los jueces y la opinión pública hubieran percibido un mayor esfuerzo previo en dar explicaciones sobre la ausencia del jefe del Estado.

Todo empeoró después de que fuentes judiciales informaran de una llamada del Rey a Lesmes, en la que Felipe VI le expresó que le hubiera gustado asistir al acto. El vicepresidente Iglesias y el ministro Garzón reaccionaron con mucha dureza, reprochando al Monarca su falta de neutralidad. No comparto este punto de vista, y me parece desmesurado que se tome como comportamiento institucional impropio lo que parece ser una llamada de cortesía. Imagino que las fuentes judiciales que filtraron la noticia de la llamada lo hicieron para dejar en evidencia al Gobierno, a costa de comprometer al Rey, presentándolo como un aliado en su controversia. De ser así, es reprochable, pero seguro que se deben estar frotando las manos al ver lo sucedido: la reacción excesiva de Iglesias y Garzón, que son miembros del Gobierno, parece situar al Rey de su lado.

Cambiar la actitud hacia la Monarquía

Nuestro país tiene ya muchos problemas, y no resolverá nada un conflicto protocolario que provoca una nueva controversia institucional sobre la corona. Pero lamentarlo no basta, y por eso creo que las fuerzas políticas deben cambiar de actitud hacia la Monarquía. Sobreprotegerla, a base de sacudir con el Código Penal a quienes en uso de la libertad de expresión la critican o caricaturizan, es una mala idea porque contribuye a socavar su prestigio. Las instituciones lo necesitan, y a la Monarquía le cuesta mantenerlo. El carácter hereditario que le es inherente choca con el principio de igualdad en el acceso a los cargos públicos. Y, además, el rey que la encarna no puede defender la monarquía en primera persona cuando quiera y como quiera, porque debe condicionar sus manifestaciones públicas al acuerdo del Gobierno de turno. De ahí que los titubeos del de Pedro Sánchez en el episodio de la entrega de despachos a los jueces tengan consecuencias políticas de una cierta envergadura. Cuando el protocolo es irreprochable y se dan oportunamente las explicaciones necesarias, se minimiza el riesgo de uso partidista de los roces institucionales y la erosión de la imagen del jefe del Estado.

Los expertos en comunicación, como Antoni Gutiérrez Rubí y Toni Aira, vienen insistiendo en la importancia de las emociones en la política, y en los riesgos populistas de sus excesos. Una manera de conjurarlos es, precisamente, ofrecer explicaciones, para que su ausencia no la pague el buen funcionamiento de las instituciones.

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