Sentido y reparto de los fondos europeos

Iniciando un otoño que se nos aparece más oscuro de lo que preveíamos hace unos meses, la activación del fondo europeo 'Next Generation', se convierte en la mejor de las noticias. De una parte, porqué los 140.000 millones de euros asignados a España, en forma de ayudas directas y préstamos en proporciones similares, resultarán fundamentales para recomponer los destrozos de la crisis y fortalecer nuestro aparato productivo y, de otra, por lo que representa para el proyecto europeo que el fondo se soporte en la emisión de deuda común.

Unos recursos que deben dirigirse a propuestas que respondan a la gran prioridad fijada por los 27 estados miembros de la Unión Europea, el conformar un tejido productivo más competitivo y sostenible. Así, dichos proyectos, soportados en, esencialmente, la transformación digital y la transición verde, deben ser capaces de generar crecimiento y empleo a largo plazo. Una iniciativa muy ambiciosa cuyo éxito va a depender del acierto de las políticas públicas y del compromiso del <strong>mundo empresarial</strong>.

A los poderes públicos, a quienes se les debe reconocer el acuerdo alcanzado en Bruselas a finales del mes de julio, les corresponde acompañar las inversiones con aquellas reformas que garanticen la modernización del entramado productivo. Así, lo que venían siendo recomendaciones de la Comisión Europea desde hace ya un tiempo, parece que se convertirán en exigencias. Es el caso de, entre otros, diversos ajustes en el sistema de pensiones, el impulso de la contratación indefinida, la corrección de disfunciones educativas como el fracaso escolar, o la evaluación de las políticas de investigación y desarrollo.

Por su parte, del mundo empresarial cabe esperar que afronte esta oportunidad histórica con gran ambición, no sólo para diseñar proyectos merecedores de los fondos, sino que, también, para acompañarlos con inversión privada, de manera que los efectos puedan multiplicarse. Asimismo, debe comprometerse en que esas nuevas inversiones contribuyan, a su vez, a solventar problemas de interés general, como el generar actividad económica en la denominada España vaciada.

Y en todo ello, una cuestión determinante será el cómo se reparten los fondos. Un proceso en el que los actores sociales y económicos deben dar a conocer sus criterios y propuestas, y ser capaces de influir sobre el gobierno y los partidos políticos. Un debate que ya hemos iniciado, y en el que no entiendo determinadas propuestas, cómo que el invertir 140.000 millones de euros no se soporte en la arquitectura parlamentaria y de gobierno sugiriendo, alternativamente, que la responsabilidad recaiga en una comisión de independientes. Lo que no deja de ser una cierta forma de privatizar la decisión.

Iniciamos una etapa en la que la prioridad es recomponer los destrozos de la pandemia, y avanzar hacia un aparato productivo más moderno y sostenible. Y lo propio hemos de hacer con una vida política bastante diezmada. Externalizar sus funciones, como algunos proponen, no es el mejor inicio.

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