El inseguro límite de los alquileres

Facilitar el acceso de los ciudadanos a la vivienda debería ser sin duda uno de los principales deberes de las administraciones. El alza excesiva de los precios, especialmente en lo que se refiere al alquiler, se ha convertido en una barrera infranqueable para las personas con rentas más bajas y los jóvenes, a quienes las dificultades para encontrar una vivienda coartan severamente la posibilidad de desarrollar su proyecto de vida. La gran duda es si la respuesta realmente más efectiva, como solución general más allá de la  atención a las situaciones de emergencia, es la promoción de la oferta de alquiler asequible o la intervención directa en la regulación de los precios.

 Mientras este martes el Ayuntamiento de Barcelona presentaba un decálogo de buenos propósitos para garantizar el derecho a la vivienda, este miércoles se debatirá y votará en el Parlament la ley para contener el alquiler en Catalunya, que pretende impedir subidas en unos casos y propiciar rebajas moderadas en otros. El texto llega a la Cámara envuelta en una agria polémica. Lo primero que cabe subrayar es que una norma tan trascendental para la vida de las personas tendría que gozar de un amplio consenso parlamentario. Pese a tratarse sin duda de una ‘ley de país’, los partidos no han sido capaces de llegar a la víspera de la votación con un acuerdo transversal y sólido. Ni tampoco a garantizar que la ley pueda tener un recorrido más efectivo que efectista, ante las serias dudas de que pueda superar los recursos ante varias instancias que se anuncian.

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Han persistido las discrepancias incluso entre los grupos que apoyaron la presentación de la ley, esto es, JxCat, ERC, 'comuns' y CUP. El primero, aunque avaló la propuesta, presentó después una importante batería de enmiendas para modificar sus términos. Por si fuera poco, entre los diputados de este grupo existen divergencias. Ciudadanos, PSC y PP, por su parte, discrepan de la ley, surgida de un acuerdo entre la Conselleria de Justícia (ERC) y el Sindicat de Llogaters. A su vez, el sector inmobiliario y algunos expertos han advertido de que las limitaciones en los precios pueden hacer que disminuya la oferta, lo que, lejos de mejorarla, empeoraría la situación. 

Catalunya no dispone de un parque lo suficientemente amplio de vivienda pública de alquiler para poder ofrecer salidas al ciudadano cuando se disparan los precios durante los ciclos alcistas de la economía o se multiplican las dificultades para hacerles frente en momentos de crisis como la actual. Disponer de ese parque de viviendas es el gran reto pendiente.