JxCat mantiene sus enmiendas y deja en el aire la ley para regular los alquileres

La ley para regular el precio de los alquileres en Catalunya llega este miércoles al Parlament sin acuerdo para que sea aprobada íntegramente por el pleno. JxCat mantiene sus enmiendas a la normativa que acordó con ERC, ‘comuns’ y la CUP –y de la que después se desdijo presentando objeciones- pese a las negociaciones ‘in extremis’ con el Sindicato de Inquilinos durante la jornada de hoy. El texto nació con el fin de obligar a congelar o a bajar los precios de los nuevos contratos de alquiler en los municipios catalanes con más de 20.000 habitantes, pero su aprobación está en aire a menos de 24 horas de la votación.

La organización social recurrió al jefe de Junts, Carles Puigdemont, con quien mantuvo una reunión por la mañana para que JxCat retirase sus enmiendas y propuso a cambio incorporar la figura del propietario en situación de vulnerabilidad además de incrementos vinculados a reformas en la vivienda para tratar de convencer a los posconvergentes. No lo lograron.

El principal escollo es el abasto de la tipificación de la figura del propietario en situación de vulnerabilidad para que quede excluido de la iniciativa. El Sindicato de Inquilinos considera que es el mileurista, con ingresos de unos 1.200 euros, pero JxCat cree deben quedar fuera de la normativa todos aquellos arrendatarios con unos ingresos inferiores a 5,5 veces el Indicador de Renta de Suficiencia (IRSC), lo que equivale a unos 3.000 euros mensuales.

Sin sus 34 votos la ley queda "en papel mojado", según el Sindicato de Inquilinos, ya que sus exigencias son "una enmienda a la totalidad". "Parece que buscan excusas para que no se apruebe. No entendemos su posición, tiene que volver al grupo impulsor, a la mayoría parlamentaria [...] Están jugando con fuego, están en juego las vidas de familias", ha espetado el portavoz Jaime Palomera.

La primera enmienda propuesta por el Sindicato de Inquilinos a JxCat acota que en el caso de que los propietarios 'mileuristas', calificados como en situación de vulnerabilidad, si el precio del alquiler está por encima del índice no se podrá subir más, pero tampoco sería obligatorio bajarlo al umbral indicado. Es decir, no estarán obligados a bajar el precio pero no podrán subirlo. "No se puede cargar sobre el arrendatario la supuesta vulnerabilidad del arrendador", apuntan desde el Sindicato de Inquilinos. La segunda tiene que ver con las inversiones en los pisos. Si el propietario demuestra que ha hecho obras de mejora, más allá de las de mantenimiento fijadas por ley, y lo justifica con las facturas del capital invertido, se podrá incrementar el precio del alquiler de forma ponderada hasta un 6% y hasta un 20% como máximo.

Por otra parte, las ocho enmiendas de los posconvergentes pretenden endurecer las condiciones para declarar que un área tiene "un mercado de vivienda tensionado", evitar que se vean afectados por la congelación o la bajada del precio del alquiler los propietarios con unos ingresos inferiores a 5,5 veces el Indicador de Renta de Suficiencia (IRSC) (unos 43.822,515 euros anuales), también aquellos que hayan hecho obras de rehabilitación en sus edificios, y eliminar Figueres, Salou y Tortosa de la norma. El Sindicato de Inquilinos considera que estas objeciones suponen "una enmienda a la totalidad" a lo acordado y denuncian presiones de los lobbies inmobiliarios. Sin embargo, fuentes del partido apuntan que todas, excepto la del propietario vunerable, pueden retirarlas en favor de un acuerdo 'in extremis'.

Estas fuentes añaden que el grupo parlamentaria se reunirá mañana por la mañana para acotar el posicionamiento en el hemiciclo y el voto.

Las objeciones de JxCat

JxCat presentó el viernes una remodelación de sus enmiendas a puerta cerrada, pero no fue aceptada por el Sindicato de Inquilinos. Este martes, tras una reunión de casi tres horas, la ley sigue encallada. Los posconvergentes mantienen debate interno y no se descarta que los diputados voten por separado y no en bloque, informa Fidel Masreal.

En una rueda de prensa en el Parlament, el portavoz posconvergente Eduard Pujol defendió que la ley es "necesaria" y "tiene que salir adelante", y se mostró confiado en llegar "a un punto medio" que allane el acuerdo. "Trabajaremos hasta última hora para lograr el máximo consenso político. [...] La gente tiene derecho a vivir bien, estamos de acuerdo con el espíritu de esta ley, por eso defendemos estas enmiendas que mejoran la ley", espetó.

Desde ERC, el diputado Sergi Sabrià urgió que la normativa sea aprobada en el pleno: "Menos enmiendas de última hora y más volver al consenso inicial", lanzó a sus socios en el Govern. El mismo mensaje replicó la CUP y los 'comuns' en favor de la aprobación de la normativa.

En el pleno celebrado en julio para tramitar por la vía rápida esta proposición de ley, JxCat anunció que se desmarcaba del texto consensuado -y ya registrado- porque había "margen de mejora", unas objeciones que dejaban en el aire la norma que fue trabajada por el Sindicato de Inquilinos y el Departament de Justícia. La Conselleria quiso evitar un nuevo fiasco del Govern como el que sucedió cuando Parlament tumbó un decreto previo en mayo del 2019, pero la Conselleria de Territori criticó que no se la hubiera tenido en cuenta.

Críticas del sector inmobiliario

La iniciativa fue examinada a instancias de Cs y el PPC por el Consell de Garanties Estatutàries que, pese a no ser vinculante, advirtió de que 11 de los 15 artículos y siete de las 14 disposiciones no se ajustan ni al Estatut ni a la Constitución por invasión de competencias. El sector inmobiliario, además, se ha mostrado totalmente contrario a esta regulación. La Autoritat Catalana de la Competència (ACC) ha alertado de que tendrá un efecto "incluso contraproducente" y la patronal catalana Foment del Treball ha rechazado la ley al considerar que es "inconstitucional" y contraria al Estatut, y ha opinado que "hundirá a medio plazo" el mercado del alquiler. La Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL) ha apuntado por su parte que "atenta contra el derecho de la propiedad privada y fomentará la economía sumergida" en el mercado del alquiler, al tiempo que agravará el acceso a la vivienda.

Además, en un comunicado conjunto, el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida, el Consejo Catalán de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña, la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Catalunya (APCE) y la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona-Lleida han arremetido contra la iniciativa parlamentaria porque "producirá una mayor escasez de viviendas y un deterioro del parque inmobiliario".

Ciutadans y el PPC no descartan llevar esta nueva ley al Tribunal Constitucional si acaba siendo aprobada por el pleno este miércoles.