La libertad de prensa en jaque en la UE

La libertad de prensa y el pluralismo de los medios de comunicación son un pilar esencial de la democracia, ya que son indispensables para que los ciudadanos tengan acceso a una información libre y plural en que basar sus valoraciones y elecciones políticas. La restricción de la libertad y el pluralismo de la prensa, el control sobre la información y la manipulación de la opinión pública conducen a la destrucción de la democracia, a la concentración del poder en una elite socioeconómica y al autoritarismo.

La libertad y el pluralismo de la prensa están garantizados en el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (UE) del 2007. Pero se encuentran gravemente amenazados en numerosos estados de la UE, debido al control político sobre los medios públicos de comunicación, la reducción del pluralismo de los medios, la asfixia económica y la persecución judicial de los medios críticos, la concentración de la propiedad en pocas manos con agendas políticas y la desprotección de los periodistas. El informe <em>Monitoring Media Pluralism in the Digital Era</em> (<em>Supervisión del Pluralismo en los Medios en la Era Digital</em>) del 2020, que acaban de publicar el Instituto Europeo Universitario y el Centro Robert Schuman, detalla estos graves retrocesos que socavan la democracia.

La reducción del pluralismo de los medios es uno de los problemas más extendidos, debido a la concentración de la propiedad, a la falta de transparencia sobre quiénes son los propietarios, a la interferencia de los propietarios en la línea editorial y a las dificultades económicas del sector. El informe constata que no hay ningún país donde exista un bajo riesgo de reducción de la pluralidad de los medios en la UE, mientras que 16 países (incluida España) se encuentran en una situación de riesgo medio y en otros 11 países el riesgo es muy elevado: Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Finlandia, Hungría, Letonia, Malta, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia. El informe destaca que la concentración de la propiedad de los medios es muy alta en la UE, salvo en Francia, Alemania y Grecia, que se sitúan en un nivel medio.

Modelo Silvio Berlusconi

La independencia política de los medios de comunicación se considera buena en Alemania, Francia, Bélgica, Irlanda, Suecia y Portugal, mientras que la falta de independencia política tiene un riesgo muy alto en Chipre, Hungría, Lituania, Malta, Polonia, Rumania y Eslovenia. Además, la República Checa y Luxemburgo rozan ese indicador de riesgo muy alto. España y los otros restantes miembros de la UE se encuentran en un riesgo medio de falta de independencia política. La distribución de la publicidad estatal entre los medios es totalmente sesgada en la UE, salvo en Francia, Italia, Grecia, Dinamarca y Suecia. La publicidad estatal se utiliza en muchos países, en especial del Este, para financiar a los medios fieles y asfixiar a los críticos.

La independencia de los medios públicos de comunicación sólo está asegurada en la UE en Alemania, Francia. Bélgica. Holanda, Dinamarca, Suecia y los países Bálticos. España se encuentra con nivel medio de falta de independencia en los medios públicos de comunicación, como Irlanda y Finlandia, mientras que Italia y la gran mayoría de los países del Este esa falta de independencia es muy alta.

El informe subraya también graves deficiencias en la protección básica de la libertad de expresión y de información, con un grave deterioro de las condiciones de trabajo de los periodistas, la utilización de demandas judiciales como vía de intimidación y las amenazas físicas a los periodistas, con casos extremos de los asesinatos de Daphne Caruana Galitizia en Malta y Jan Kuciak en Eslovaquía, encargados por empresarios vinculados a los gobiernos de los respectivos países. Los países donde la libertad de expresión se encuentra en riesgo medio han aumentado en respecto al 2017 e incluyen España, Austria, Bulgaria, Croacia, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Polonia, Portugal y Eslovenia. El informe precisa que en el caso de España la reforma del Código Penal del 2015 y la Ley de Seguridad Ciudadana del 2015 han supuesto un marcado retroceso.

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