Malta, nuevo problema de la UE

Malta, impune paraíso fiscal y del blanqueo de capitales, se ha convertido en el nuevo problema político de la Unión Europea (UE). El Parlamento Europeo ha aprobado esta semana una dura resolución sobre el deterioro democrático en Malta y sobre los alarmantes vínculos de las autoridades de la isla con el asesinato de la periodista de investigación Daphne Caruana Galizia en octubre del 2017. La resolución prácticamente pide la dimisión inmediata del primer ministro maltés, el laborista Joseph Muscat, ya que afirma que mientras permanezca en su cargo persistirá el riesgo de que se comprometa la credibilidad e integridad de la investigación policial y judicial.

La resolución del Parlamento Europeo subraya que numerosas investigaciones por corrupción y blanqueo de capitales están paralizadas o ni siquiera se han puesto en marcha, en especial las relacionadas con el amigo personal de Muscat y su jefe de gabinete hasta hace pocas semanas, Keith Schembri, y con el recientemente dimitido ministro de Turismo y anterior ministro de Energía, Konrad Mizzi. Malta logra una elevado crecimiento económico (7% en el 2018) gracias al juego, la laxitud fiscal y financiera y la venta de la ciudadanía europea a oligarcas. 

Filtraciones

Las declaraciones judiciales de los últimos días han revelado que desde la cúpula gubernamental Schembri filtraba información “en tiempo real” de la investigación al principal acusado, el magnate Yorgen Fenech, previniéndole antes de la detención de los ejecutores del asesinato en diciembre del 2017, avisándole de que tenía el teléfono intervenido y recomendándole salir de la isla ante su inminente detención en noviembre del 2019. Fenech fue detenido a bordo de su yate intentando abandonar Malta. Por la construcción de la central Electrogas de Malta, Schembri y Mizzi habían cobrado comisiones millonarias de Fenech en sus sociedades ocultas de Panamá a través de la compañía 17 Black de Dubai, lo que investigaba Caruana Galizia cuando fue asesinada.

Durante los dos últimos años la policía y la justicia maltesa habían hecho caso omiso sobre los vínculos de miembros del Gobierno y del mundo de los negocios con el asesinato de la periodista, que habían sido desvelados por 'Le Monde', Reuters y el grupo internacional de periodistas Forbidden Stories, que prosiguió la labor de Caruana Galizia. Sólo a raíz de una operación de Europol contra el blanqueo de dinero y la detención del maltés Melvin Theuma el 14 de noviembre, la investigación sobre el asesinato de la periodista salió del letargo.

Theuma, oficialmente taxista, dirigía una red de juego clandestina y fue detenido con dos millones de euros en efectivo. Tras obtener la inmunidad, Theuma admitió haber contratado por 150.000 euros a los asesinos de Caruana Galizia por orden del magnate Fenech y que después obtuvo de Schembri un empleo público ficticio. El ministro de Economía maltes, Chris Cardona, implicado también en el caso de corrupción sanitaria Vitalis, había frecuentado los asesinos de la periodista, según las investigaciones periodísticas del Project Daphne. Un informe filtrado de la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera maltesa detectó asimismo el pago de sobornos de ciudadanos rusos a Schembri. 

Movilización en las calles

Ante las abrumadoras revelaciones y las manifestaciones masivas de protesta en las calles de la capital, Muscat anunció el 1 de diciembre que dejaría su cargo el 12 de enero, lo que para sus críticos es su enésima maniobra para seguir entorpeciendo la investigación en la fase crucial actual.

El Parlamento Europeo, en su resolución, “lamenta que en los últimos años la Comisión Europea se haya abstenido de adoptar medidas concretas contra el Gobierno de Malta, a pesar de los reiterados llamamientos” de la institución. El Europarlamento ya había denunciado en otra resolución de noviembre del 2017 el deterioro democrático en Malta, el control político sobre la policía y el sistema judicial, la pasividad de las autoridades en el blanqueo de capitales y la corrupción a nivel gubernamental y el uso de demandas judiciales y de la intimidación para silenciar a los medios de comunicación.

La Comisión de Venecia del Consejo de Europa había recomendado en diciembre del 2018 una reforma constitucional en profundidad en Malta para acabar con la desmedida concentración de poder en manos del primer ministro y corregir la debilidad del Parlamento y del sistema judicial. Al igual que la Comisión Europea, el Consejo de la UE también ha preferido, una vez más, mirar hacia otro lado en el caso de Malta. La eurodiputada liberal holandesa Sophie in ‘t Veld criticaba esta semana que el Consejo de la UE y la Comisión Europea no parecen comprender que “lo que ocurre en Malta, afecta a toda la UE”.