Pactos a tres bandas entre las administraciones

Los efectos del fondo de recuperación aprobado en Bruselas por la UE empiezan ya a notarse mucho antes de que entre en vigor. Las diferentes administraciones públicas se han puesto las pilas y este martes se concretaron iniciativas en el Congreso, en la Generalitat y en el Ayuntamiento de Barcelona, que van en la buena dirección de los pactos de colaboración para hacer frente a las consecuencias de la pandemia y de la cooperación entre las distintas instituciones, dejando de lado el partidismo y la oposición sistemática.

Como consecuencia del acuerdo de Bruselas, Pablo Casado dio instrucciones a los representantes del PP en la comisión de reconstrucción constituida en el Congreso para llegar a un pacto con el PSOE y otros partidos al menos en dos de los grupos de trabajo: sanidad y UE. Más alejadas están las posturas en los otros dos, los que se refieren a economía y políticas sociales.

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Paralelamente, este martes se presentó en Barcelona el plan de reconstrucción de Catalunya tras el covid-19, dotado con 31.765 millones de euros a invertir durante los próximos 12 años, los primeros 2.800 en el 2020. El plan está vinculado también al acuerdo europeo, ya que la Generalitat reclama 30.000 millones de los 140.000 que le corresponderán a España. Consta de cinco ejes y 20 proyectos, con la transición ecológica como estrella, a la que se destina la mitad de la inversión, 16.000 millones. Casi 800 millones se dedican a la digitalización y 5.000 millones a la automoción para promover el coche eléctrico.

La tercera Administración en presentar un plan, el Pacto por Barcelona, ha sido el Ayuntamiento de la ciudad, que reunió también este martes a representantes de 50 entidades económicas, sociales, culturales, educativas, científicas y deportivas. Se trata de redistribuir el presupuesto para adaptarlo a las necesidades de la pospandemia. Es una lástima que a última hora Foment del Treball se haya descolgado del pacto acusando a la alcaldesa, Ada Colau, de falta de diálogo y en desacuerdo con algunas iniciativas, como el plan de movilidad, que limita el coche y favorece al peatón y a la bicicleta, pero que, según la patronal, pone en peligro 50.000 puestos de trabajo.