14 jul 2020

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Tribuna

Un niño de 2º de primaria de Barcelona consulta el correo de la escuela.

CARLOS MÁRQUEZ DANIEL

Suspender la evaluación para preservar el derecho a la educación

Lidón Gasull

El Departament d'Educació debe suspender la tercera evaluación si no puede garantizar la accesibilidad de todo el alumnado

El 12 de marzo, el ‘conseller’ de Educació, Josep Bargalló, anunció el cierre de los centros educativos por el covid-19. Debemos reconocer que estamos ante una situación muy compleja de la que no tenemos referente y, tanto el Departament de Educació como el resto de la comunidad educativa, están trabajando contrarreloj para ofrecer soluciones. Quizá es esta prisa para tomar decisiones la que hace que nos desviamos del objetivo principal: garantizar el derecho a la educación bajo los principios de igualdad, equidad y no discriminación.

La obligación jurídica de garantizar este derecho bajo estos principios no queda suspendida durante el estado de alarma y, por tanto, es responsabilidad del Departament desplegar tantas medidas como sea necesario para garantizar las mismas oportunidades al conjunto del su alumnado, también –y especialmente– en momentos de excepcionalidad como la actual.

En este sentido, debemos recordar que la garantía del derecho a la educación no se mide por los contenidos académicos que un sistema educativo es capaz de ofrecer a un determinado tipo de alumnado, al contrario, se mide por la capacidad que tiene de hacer que todo el alumnado disfrute de las mismas oportunidades para desarrollarse.

Los medios telemáticos

Sabemos, sin embargo, que tal y como reconoce el propio ‘conseller’, actualmente no se puede garantizar que todo el alumnado tenga las condiciones materiales –y emocionales– para seguir la actividad académica por medios telemáticos, así como tampoco se pueden garantizar las competencias digitales y pedagógicas del conjunto del profesorado para afrontar este reto.

Parece evidente, pues, que el Departament debería suspender la tercera evaluación en todos aquellos niveles educativos en los que no pueda garantizar la accesibilidad de todo el alumnado. Pero también deber prohibir a todos los centros educativos (públicos y privados concertados) que sigan impartiendo materias curriculares a su alumnado. La Conselleria debe velar por que no se aproveche este momento de crisis de salud pública para algunos tomen ventaja, ya que permitiéndolo está convirtiendo el derecho fundamental a la educación en un privilegio para aquellos que disfrutan de las mejores condiciones en el marco de la crisis actual.

Es momento que el Departament demuestre a la ciudadanía que la educación privada concertada, financiada con los fondos públicos, no goza de privilegios frente la educación pública, y prohíba que su profesorado, pagado directamente por la Conselleria, siga impartiendo materias curriculares al alumnado a través de plataformas educativas. Por otra parte, se debe prohibir que sigan haciendo publicidad y promoción de sus centros educativos para hacer campaña de preinscripción cuando, desde el Departament, se ha suspendido el proceso hasta nuevo aviso.

Ahora bien, el hecho de que no se hayan de impartir y evaluar materias curriculares no significa que se tenga que romper el vínculo entre el alumnado, la familia y la escuela, todo lo contrario. El papel de los tutores es esencial, porque conocen tanto las necesidades de su alumnado como su contexto familiar y pueden ser la correa que transmita información entre la administración educativa, servicios sociales y las familias para cubrir necesidades materiales y, en la medida de lo posible, emocionales.

La urgencia de unas directrices claras

Es urgente, sin embargo, que el Departament saque directrices claras destinadas al profesorado, familias y alumnado. El profesorado debe saber cómo proceder a partir de este martes en cada nivel educativo, y también hay que trabajar con los equipos directivos para hacer las adaptaciones curriculares necesarias para que el alumnado recupere los contenidos académicos el próximo curso.

Las declaraciones ambiguas del ‘conseller’ acerca de las actividades evaluables ponen mucha presión sobre las familias, que se ven incapaces de ofrecer el apoyo educativo necesario a sus hijas e hijos y, a la vez, se sienten responsables del impacto que esto puede tener en su currículum académico.

También el alumnado debe tener claro bajo qué condiciones se hará el paso de 4º de ESO hacia Bachillerato o la FP; y aquellos que los días 7, 8 y 9 de julio se someterán a la selectividad se les debe garantizar que el acceso a los estudios universitarios no dependerá del centro educativo donde han estudiado o de su contexto socioeconómico. 

Ahora, más que nunca, es necesario que los principios de igualdad, equidad y no discriminación sean la base de cualquier decisión que se tome, porque sólo así evitaremos que el derecho a la educación se convierta en un privilegio.

(*) Directora de la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FaPaC) y abogada experta en derechos humanos.