04 jun 2020

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La emergencia del coronavirus

Las familias con hijos con discapacidad pueden salir a dar paseos duante el confinamiento.

123RF / VÍDEO: EUROPA PRESS

SOS discapacidad

Carles Campuzano

En ningún caso las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo pueden ser discriminadas en materia de atención sanitaria

En la crisis sanitaria del coronavirus el colectivo de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo es especialmente frágil y vulnerable y necesita, de manera inexcusable, que las administraciones adopten de forma urgente medidas para garantizar su atención y cuidado. Son momentos muy duros para todos, pero especialmente lo son para todas aquellas personas que tienen necesidades de apoyos personales muy intensas.

De entrada, hay que recordar que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, plenamente vigente en España y de obligado cumplimiento, establece que los estados deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo y que en ningún caso estas personas pueden ser discriminadas en materia de atención sanitaria. Sería inaceptable que por razones de discapacidad, la salud y la vida de las personas más frágiles y vulnerables de nuestra sociedad fueran sacrificables o que fueran despreciadas en un segundo plano en la atención sociosanitaria. Los equipos de protección y los test para determinar si una persona ha contraído el covid-19 deben llegar al colectivo de la discapacidad. Y de la misma manera, todos los profesionales que atienden a estas personas deben poder acceder a los equipos de protección y los test. Estos profesionales ni pueden teletrabajar ni mantener las distancias de seguridad para evitar las infecciones. Todo lo contrario. Están al lado de las personas. Y hoy ni unos ni otros están accediendo a los equipos de protección y los test, con todos los riesgos que esta circunstancia supone para todos. La situación en muchas residencias y hogares-residencias, donde viven las personas con discapacidad, está siendo muy difícil y peligrosa en términos de salud. La apelación a la responsabilidad individual, indispensable en esta crisis, tiene que ir acompañada de los medios necesarios que solo los gobiernos pueden garantizar en estas circunstancias.

Información fácil y comprensible

Es imprescindible que toda la información esencial para la seguridad de las personas con discapacidad sea fácil, comprensible, clara. Para un colectivo con dificultades de comprensión tanto oral como lectora, es una necesidad fundamental en estos momentos. Y del mismo modo el confinamiento en casa o en un espacio residencial para determinadas personas con discapacidad intelectual, del desarrollo, de trastorno del espectro autista, el asperger o la enfermedad mental se debe permitir el acceso a la calle para evitar situaciones de colapso emocional que afecten de manera grave a su salud. Es necesario que las autoridades públicas lo faciliten y que los vecinos lo comprendan.

En Catalunya, por otra parte, el grueso de la atención a las personas con discapacidad se ofrece por parte de una densa y sólida red de entidades del tercer sector. Fundaciones, asociaciones, cooperativas de iniciativa social, fruto de la iniciativa de las familias, sin ánimo de lucro, arraigadas en sus entornos territoriales, que atienden de manera integral y especializada a las personas, necesitan ahora más que nunca el apoyo del conjunto de la sociedad y en especial de las instituciones públicas del país. Nuestras entidades sociales, sus profesionales y sus familias, cuando aún no se han recuperado de los daños producidos por la década perdida de recortes y congelaciones que sufrimos durante la última crisis económica, están dando al máximo y en el límite de sus posibilidades estas semanas. El sector de la discapacidad necesita estar y sentirse acompañado.

Articular un plan de choque

Y del mismo modo, este sector durante las últimas décadas ha impulsado la creación de miles puestos de trabajo, tanto en la empresa ordinaria como a través de los centros especiales de trabajo para el colectivo de las personas con discapacidad, y muy singularmente para el colectivos con más especiales dificultades de inserción laboral. Es necesario que las administraciones articulen un plan de choque para garantizar la continuidad de empresas y entidades y por tanto del trabajo de las personas con discapacidad. Esta crisis se puede en llevar de antemano el trabajo realizado desde la aprobación en 1982 de la ley de integración social del minusválido (LISMI).

Finalmente, las familias con hijos con discapacidad necesitan apoyos, ayudas y prestaciones específicas cuando deben quedarse en casa y hacerse cargo de sus seres queridos. No podemos dejar a la intemperie cuando el sobrecoste económico de las personas con discapacidad es entre 17.700 y 41.200 euros anuales.