Entidades de discapacidad reprochan recortes del Govern del 15% por la crisis del coronavirus

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Elisenda Colell

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Entre el jueves y el viernes 12 y 13 de marzo, la Generalitat decretó el cierre de cientos de servicios públicos, para evitar las aglomeraciones y así la propagación del coronavirus. Unas medidas que se extremaron entre los colectivos más vulnerables, entre ellos las personas con discapacidad. A punto de terminar el mes, entidades y federaciones de personas con discapacidad que gestionan estos servicios han denunciado en comunicados a los medios que "están sufriendo recortes" de hasta el 15% de esos servicios. Una situación que tildan de "inaceptable e inoportuna" por parte de la Generalitat.

Los centros de día o los servicios de terapia ocupacionales son algunos de los servicios públicos que atienden a las personas con discapacidad pero que, a raíz de la crisis sanitaria del coronavirus tuvieron que cerrar. Unos servicios que pertenecen a las administraciones, pero que en muchos casos, los gestionan entidades sin ánimo de lucro. Y son varias las federaciones que han lamentado que la administración ya les ha informado que no les va a  pagar la totalidad del servicio, a este final de mes. "Están recortando hasta un 15% las tarifas", lamentan. Es, al menos, las instrucciones que ha dado el 'Govern' a la hora de emitir las facturas de estos centros.

Según ellos, estos servicios han seguido trabajando y atendiendo a los usuarios. "No pueden abandonarlos", señala Antonio Guillén, presidente del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI). "Decir que cierran los servicios es no haber entendido la realidad de las personas con discapacidad y problemas de salud mental, que aún estar en casa, necesitan apoyo de los profesionales", añade Guillén.

También se ha quejado DINCAT, la federación especializada con las personas con discapacidad. Esta federación lamenta que "las entidades continúan prestando sus servicios de apoyo al 100% de sus capacidades", con un "enorme esfuerzo" y sin apenas tener material de protección. Y añade que si no se paga la totalidad de los importes "se pondría en duda la viabilidad de las entidades", y por lo tanto, "la prestación de servicios fundamentales para los más frágiles y vulnerables".