Opinión | Editorial
El Periódico
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El Estado asume la factura
La protección del empleo debe ser prioritaria durante la crisis y una vez haya terminado. Empresarios y trabajadores deben ir de la mano
El 16% del PIB. 200.000 millones de euros. Esa es la cifra que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que movilizará entre fondos públicos (117.000) y privados para afrontar la crisis sanitaria y económica del coronavirus. No exageraba Sánchez cuando, en tono solemne, afirmaba que se trata de una medida extraordinaria en un momento asimismo extraordinario. El paquete se divide en tres grandes áreas (apoyo a empresas, trabajadores y autónomos; a las familias más vulnerables, y a la investigación para hallar una vacuna) e incluye medidas como línea de avales de hasta 100.000 millones para garantizar la liquidez de las empresas; la moratoria del pago de las hipotecas y la protección de los suministros básicos para aquellos ciudadanos más vulnerables, y la flexibilización de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).
Este último aspecto tiene especial importancia. Sánchez hizo especial hincapié en la protección del empleo como objetivo prioritario a lograr. El escenario ideal es minimizar al máximo posible los despidos, y por ello el Gobierno se propone ayudar a las empresas, con la línea de avales, o permitiendo que no paguen cuotas a la Seguridad Social. Pero en caso de que el ERTE sea inevitable, Sánchez anunció que todas las personas que pierdan de forma temporal su empleo se beneficiarán de la prestación por desempleo, incluso aquellos que no tengan derecho a ella porque no han cotizado el tiempo suficiente. La clave fue una palabra que el presidente del Gobierno reiteró en repetidas ocasiones: «temporal». A su juicio, sufrimos una emergencia temporal cuya factura el Estado está dispuesto a asumir, consciente del enorme riesgo social que supone el parón productivo y de consumo que vivimos si se plasma en despidos definitivos. Dado que la situación es crítica ya ahora para parte de la ciudadanía, entre las medidas adoptadas también se encuentra destinar 600 millones de euros para servicios sociales, sobre todo aquellos que trabajan con personas mayores y dependientes.
La palabra «temporal» es, pues, clave para interpretar el paquete de medidas. El Estado puede asumir el coste de la crisis, sobre todo si cuenta con la ayuda del Banco Central Europeo (BCE) y la flexibilización de las normas de deuda y déficit de la Comisión Europea (CE), pero la pregunta es hasta cuándo. Sánchez no fue prolijo en detalles del paquete aprobado por el Consejo de Ministros, y tampoco entró a discutir cuánto tiempo podrán aguantar las arcas del Estado esta situación. Al precio al que España hoy paga la deuda las puertas de los mercados están abiertas, aunque un repunte de la prima de riesgo podría oscurecer el panorama.
El impulso del paquete de medidas de Sánchez va en la dirección correcta, si bien sectores como los autónomos lo critican y es cierto que falta concreción. Pero acierta al poner el foco en el empleo, clave para salir adelante sin los fundamentos económicos y sociales dañados. Que trabajadores y empresarios deben ir de la mano es hoy más cierto que nunca: la crisis es muy dura para ambos.
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