13 jul 2020

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Plan de choque

Coronavirus: Las familias vulnerables podrán aplazar un mes el pago de sus hipotecas

El presidente Sánchez asegura que ninguna familias vulnerable será desahuciada en esta crisis

El Ejecutivo aprueba una línea de aváles públicos de hasta 100.000 millones para que el crédito fluya

P. Allendesalazar / M. Á. Rodríguez

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y la ministra portavoz y titular de Hacienda, María Jesús Montero, en una imagen de archivo.

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y la ministra portavoz y titular de Hacienda, María Jesús Montero, en una imagen de archivo. / EFE Juan Carlos Hidalgo

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una moratoria en el pago de las hipotecas de la primera vivienda de familias vulnerables que hayan visto caer sus ingresos o se encuentren en paro como consecuencia del coronavirus. La medida se complementa con la prohibición de cortar suministros básicos (agua, luz, gas y telecomunicaciones) a estos colectivos. "Garantizaremos el derecho a la vivienda de las familias más vulnerables; en esta crisis, nadie será desahuciado de su casa por atravesar una situación de dificultad", ha sostenido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Fuentes del Gobierno han precisado que la medida estará en vigor lo mismo que el Real Decreto del Gobierno (es decir, un mes), pero al tiempo han dejado la puerta abierta a prorrogarla si es necesario. Al sector financiero se le trasladó durante la mañana que la moratoria sería de un mes prorrogable a otro más. El Ejecutivo también ha apuntado que las autoridades financieras europeas (el Banco Central Europeo y la Autoridad Bancaria Europea) están estudiando si permitir a los bancos no tener que hacer provisiones por estos aplazamientos de las cuotas hipotecarias, es decir, no tener que reservar unas cantidades para afrontar pérdidas como consecuencia de los impagos del crédito. Sin embargo, esta medida no sería necesaria si la moratoria estuviera en vigor un mes o dos debido a los plazos fijados por la normativa bancaria. 

Algunas fuentes del sector financiero rechazaron la semana pasada la moratoria hipotecaria, ya adoptada en Italia y Francia. Sin embargo, las patronales bancarias AEB y CECA han querido este martes apoyar el aplazamiento del pago de los préstamos hipotecarios. También han asegurado que suscriben el conjunto de medidas anunciadas por el Gobierno y han expresado su disposición a colaborar en la medida de sus posibilidades para hacerlo efectivo.

Alquileres y liquidez

Ministros de Unidas Podemos también han llevado a la mesa del Consejo de Ministros la posibilildad de una moratoria en el pago de los alquileres, como han establecido otros países europeos, aunque la medida no ha salido adelante. Las fuentes del Gobierno han argumentado que la situación extraordinadia podría durar solo un mes y se han mostrado confiadas en que los propietarios y los inquilinos puedan llegar a acuerdos sin que tenga que intervenir el Estado y como muestra de la colaboración de la sociedad ante el momento extraordinario que vive el país. El portavoz del partido morado, Pablo Echenique, ha apuntado que "habrá que dar más pasos para proteger a las personas que viven de alquiler o a las que no tienen ingresos o tienen ingresos muy bajos", pero ha calificado de "espectacular" el plan de choque aprobado por el Ejecutivo. 

El presidente Sánchez también ha anunciado una línea de avales con garantía pública de hasta 100.000 millones de euros que se concederán a empresas para evitar que los bancos dejen de prestarles por temor a los impagos y que prevé movilizar una cantidad de entre 50.000 y 100.000 millones adicionales de dinero privado. "Queremos enviar a las empresas y los mercados un mensaje contundente y rotundo: el Estado español va a proporcionar al tejido empresarial toda la liquidez que necesite para evitar que los problemas de liquidez se conviertan en problemas de solvencia", ha sostenido. 

Las fuentes del Gobierno han precisado que el porcentaje de los préstamos que será avalado se está discutiendo a nivel europeo. Las cantidades indicadas por Sánchez, con todo, apuntan a que el Estado garantizará a los bancos el cobro de entre el 75% y el 50% del préstamo en caso de que la compañía caiga en morosidad. El Ejecutivo, asimismo, ha aprobado una línea de avales adicional de 2.000 millones para empresas exportadoras, especialmente pymes, así como facilitar la reestructuración de créditos a empresas agrarias afectadas por la sequía. 

¿Qué se entiende por colectivo vulnerable?

Conforme al borrador que manejan en Moncloa al que ha tenido acceso Europa Press, los supuestos de vulnerabilidad económica a consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19 contemplan que el deudor hipotecario pase a estar en situación de desempleo o, en caso de ser empresario o profesional, sufra una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída sustancial de sus ventas, así como que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria, determinados límites.

Estos son, con carácter general, el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples anual de catorce pagas (en adelante Iprem); este límite se incrementará en 0,1 veces el Iprem por cada hijo a cargo en la unidad familiar.

El incremento aplicable por hijo a cargo será de 0,15 veces el Iprem por cada hijo en el caso de unidad familiar monoparental. Este límite se incrementará en 0,1 veces el Iprem por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar.

En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapacidad superior al 33%, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, el límite previsto será de cuatro veces el Iprem, sin perjuicio de los incrementos acumulados por hijo a cargo.

Está previsto también que en el caso de que el deudor hipotecario sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%, o persona con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 65%, así como en los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral, el límite previsto será de cinco veces el Iprem.

Otros supuestos que se contemplan son que la cuota hipotecaria, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar, y que, a consecuencia de la emergencia sanitaria, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda, en los términos que se definen en el punto siguiente.

A los efectos de la norma se entenderá que se ha producido una alteración significativa de las circunstancias económicas cuando el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,3, y que se ha producido una caída sustancial de las ventas cuando esta caída sea al menos del 40%.

Por último, se incluye como colectivo vulnerable por unidad familiar la compuesta por el deudor, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar y su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita, que residan en la vivienda.

 

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