01 abr 2020

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Editorial

Armonización y autonomía fiscal

Es incoherente reducir impuestos hasta el punto de crear una especie de paraísos fiscales y después pedir más aportaciones del Estado

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados. / DAVID CASTRO

La reforma del modelo de financiación autonómica es una de las tareas que el ministerio de Hacienda, liderado por María Jesús Montero, ha marcado en rojo en su agenda. Es una negociación compleja, en la que se mezcla el eje territorial y el político, con comunidades dirigidas por partidos de diferente color y por barones territoriales de enorme peso político. Es una negociación, además, que en España suele vivirse con un tremendismo exagerado: no debería ser motivo de preocupación ni la competencia territorial ni la negociación firme para proteger los intereses de cada comunidad, y más teniendo en cuenta que los principales servicios sociales (educación, sanidad...) dependen de los presupuestos de las autonomías.

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Lo que sí que no es admisible es la competencia desleal en el ámbito fiscal al amparo de la deseable y necesaria autonomía de las comunidades en algunos tipos impositivos. Es, por ejemplo, el caso de los impuestos sobre el patrimonio y de sucesiones, que comunidades gobernadas por el PP (con la Comunidad de  Madrid como principal ejemplo) han usado para crear una especie de paraísos fiscales con los que atraer empresas e inversiones. Es incoherente reducir impuestos y después, en la negociación con el Gobierno, exigir el aumento de las aportaciones del Estado. Con esta política se crea una situación en la que el resto de comunidades se ven obligadas para poder competir a reducir sus ingresos, afectando de esta forma a la calidad de sus servicios sociales.

Es en este contexto en que debe entenderse la decisión del Gobierno de limitar la competencia fiscal entre territorios en el próximo modelo de financiación autonómica. Será una negociación compleja,  en que deben equilibrarse las legítimas ansias de autonomía fiscal de las comunidades, la lealtad del sistema, las necesidades de financiación y la garantía de que todos los ciudadanos españoles reciben una calidad de servicio equiparable independientemente del territorio en el que residen. El papel del Gobierno no es solo repartir dinero entre las comunidades, sino también velar por la igualdad (que no la uniformidad) en un modelo flexible como es el de las autonomías.