Editorial

La ley de eutanasia, en el Congreso

Estamos hablando de decisiones irreversibles que deberán ser tomadas con garantíasy plena conciencia

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Activistas y familiares de enfermos en la entrega de más de un millón de firmas a favor de despenalizar la eutanasia en el Congreso, el pasado mes de junio.

Activistas y familiares de enfermos en la entrega de más de un millón de firmas a favor de despenalizar la eutanasia en el Congreso, el pasado mes de junio. / DAVID CASTRO

La proposición de ley registrada por el PSOE en el Congreso inicia este martes el trámite parlamentario que debería desembocar, después de pasar por la Comisión de Sanidad, por el pleno de la cámara baja y por el Senado, en un texto, con rango de ley orgánica, que finalmente despenalice la eutanasia en el Estado español y otorgue a esta práctica y al suicidio asistido una protección legal que incluso se incluirá en el Sistema Nacional de Salud.

Esta vez, la iniciativa histórica (España sería el cuarto país europeo y el sexto del mundo en aplicarla) tiene visos de convertirse en una legislación efectiva, después que las anteriores propuestas hayan topado con múltiples obstáculos. La iniciativa había quedado en papel mojado hasta ahora bien por el filibusterismo parlamentario de PP y Cs, bien por negociaciones políticas en las que Cs ofrecía una ley sobre la muerte digna y los cuidados paliativos como antesala de la norma sobre la eutanasia, o ya sea porque las iniciativas de PSOE y Podemos chocaron en 2018 y 2019 con adelantos electorales, crisis en la formación de gobierno y, en general, con la inestabilidad propia de estos últimos meses.

El hecho de que figure entre las primeras medidas aprobadas en el pacto de coalición entre Sánchez e Iglesias y de que cuente con el respaldo de los grupos minoritarios en el Congreso hace prever que, como dice la asociación Derecho a Morir Dignamente, "esta vez parece que sí, 2020 es el año", a pesar de la posición contraria de PP y Vox.

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La nueva ley, que difiere levemente de la proposición que se tramitó en septiembre de 2019, propone que en el plazo aproximado de un mes el paciente que sufra "una enfermedad grave e incurable o invalidante, con un sufrimiento insoportable" pueda decidir poner fin a su vida, después de un proceso ciertamente garantista (exige una reiterada voluntad del interesado) que difiere de legislaciones más avanzadas, como la holandesa o la belga, porque incluye la valoración final por parte de una comisión, aspecto este que suscita las dudas de los sectores más radicalmente a favor de la autonomía del individuo para decidir sobre el final de su propia vida.

En cualquier caso, el paso que empieza a darse es de una enorme trascendencia, con el respaldo ampliamente mayoritario de la población (un 80% a favor según las últimas encuestas). No deben obviarse, por supuesto, las derivadas éticas de una legislación de este tipo. Estamos hablando de decisiones irreversibles que deben tomarse con fundamento y plena conciencia, y también de la posibilidad (contemplada y regulada por el borrador de la ley) de ejercer una objeción de conciencia por parte del personal sanitario afectado.

Justamente porque se tienen en cuenta estas consideraciones de tipo moral y porque no prevalece ninguna frivolidad, sino la protección legal de todos aquellos que deseen morir con dignidad, un derecho que se regulará a través de la sanidad pública, debe aplaudirse una iniciativa que sitúa a España, más allá de las previsibles polémicas ideológicas que se generarán, entre los países más avanzados.