La ley de eutanasia se abre paso con críticas a los férreos controles

El primer pleno ordinario de esta legislatura se celebrará este martes en el Congreso a lo grande. La Cámara baja tiene previsto admitir a trámite la que, posiblemente, será una de las leyes sociales más significativas de los próximos años: la que regulará la eutanasia, después de los dos intentos fallidos anteriores. Si bien, ahora una amplia mayoría de grupos políticos apoyan que España se convierta en el sexto país del mundo en permitir a aquellas personas con una “enfermedad grave e incurable” o “crónica e invalidante” y que tengan un “sufrimiento intolerable” puedan obtener ayuda para morir. Sólo PP y Vox –y algún grupo minoritario- se oponen abiertamente y prevén votar en contra. Los populares no darán, además, libertad de voto a sus diputados.

El extenso apoyo político, que emana del consenso social existente, no significa que la ley tenga por delante un camino de rosas. La llamada ley de muerte digna que presentó Ciudadanos y que regulaba el derecho a recibir cuidados paliativos a aquellos enfermos a punto de morir –mientras a la eutanasia pueden acogerse pacientes como Ramón Sampedro que no están cerca del final de su vida- se demoró más de año y medio y no vio la luz por al adelanto electoral, aunque contaba con un respaldo unánime. Cs, de hecho, volvió a registrar este lunes la norma, con las enmiendas negociadas y la esperanza de que en esta ocasión vea la luz. También dicen mantener esa esperanza y el firme propósito de acelerar los trámites los partidos pro eutanasia. “La ley va a salir sí o sí [...] La gente no toleraría que diferencias de matiz entre partidos lo retrasara ni un minuto más”, afirmó el vicepresidente Pablo Iglesias.

Necesidad "urgente"

También la entidad más representativa del colectivo, Derecho a Morir Dignamente (DMD), opina que, dado que existe una amplia mayoría, la “tramitación será rápida”, porque hay familias esperando y se necesita con “urgencia”, según explica Isabel Alonso, presidenta de la asociación en Catalunya. Si bien, reconoce que algunas diferencias entre los partidos podrían retrasar su aprobación, como por ejemplo la que gira en torno a la creación de la Comisión de Control y Evaluación que autorizará, de forma previa y posterior, la ayuda a morir.

Se trata de una exigencia que no existe en el resto de países que han autorizado la eutanasia y el suicidio asistido y contra la que ya se han manifestado, entre otros, el comité de bioética catalán. Según DMD, teniendo en cuenta los datos de Bélgica, donde piden ayuda para morir el 2% de los fallecidos, estas comisiones tendrán que atender a un volumen muy grande de peticiones, lo que podría “bloquear” el funcionamiento de la ley y que algunos pacientes mueran esperando la autorización. Además, existe el riesgo de que las CCAA contrarias a la eutanasia, como son las administraciones competentes de su creación, nombren personas que no autoricen las solicitudes.

Algunas "dudas"

Por ello, partidos como JxCat manifiestan que esta comisión les genera “dudas”, aunque muestran su acuerdo con el 99% de la norma. Hace meses, cuando se intentó tramitar la ley por primera vez, ERC y Podemos también mostraron su oposición, si bien ahora los morados, que forman parte del Gobierno, tan sólo avanzan que la ley les parece un “buen punto de partida”, aunque presentarán enmiendas. En el lado contrario, Ciudadanos avisó este lunes de que quiere “incrementar las garantías y el derecho a la información de los pacientes para que las decisiones se tomen con un abanico de posibilidades amplio”. Asimismo, el PNV advierte de que defiende la eutanasia pero con “férreos anclajes jurídicos, sanitarios, de libertad y responsabilidad” y así constará en sus enmiendas.

Y, en medio de las presiones de unos y otros se situará el PSOE, el grupo proponente, quien defiende la necesidad de que haya una comisión de evaluación para “cerrar las garantías” que contiene la ley, según explica María Luisa Carcedo -que este martes defenderá la iniciativa-, en declaraciones a EL PERIÓDICO. La también exministra de Sanidad pone como ejemplo que esta comisión tendrá también la facultad de revocar las peticiones denegadas previamente por el médico responsable, haciendo que el hospital facilite la prestación a través de otro facultativo. Aún así, el grupo socialista se muestra dispuesto a “debatir” todas las posibles objeciones.