Análisis
El salario mínimo y la tortilla o el huevo huevo
Hay que articular políticas que permitan transitar hacia mejores ocupaciones
Jordi Alberich
Economista
Jordi Alberich
El debate acerca del salario mínimo ha adquirido un renovado protagonismo en estos últimos días. Así, el acuerdo de ayer entre gobierno, patronales y sindicatos para su aumento hasta situarlo en 14 pagas mensuales de 950 euros; el anuncio de la Comisión Europea por avanzar hacia un salario mínimo europeo; y las declaraciones del presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, vinculando el ascenso del paro en su comunidad con el aumento del salario mínimo del pasado año.
Acerca del acuerdo de estos días, lo más relevante no es tanto el aumento del 5,5%, como el consenso con que se ha alcanzado, a diferencia de lo sucedido con el incremento de 2019, que fue recibido con críticas de partidos conservadores y élites empresariales, con la excepción de Foment del Treball.
Son varias las razones que pueden animar el cambio de actitudes y entre ellas, en mayor o menor medida, la creciente sensación de que ni el mero crecimiento económico ni las fuerzas del mercado por si solas, recompondrán la fracturada cohesión social. Un desafío tremendamente complejo, en el que el liderazgo de los poderes públicos resulta más necesario que nunca. Unas actuaciones que se sitúan en el ámbito competencial de un estado pero que, dado el grado de integración de la Unión Europea, adquieren mayor legitimidad y eficiencia si se contemplan desde el espacio europeo.
Por ello, la voluntad de la nueva Comisión por establecer un salario mínimo europeo, en el marco de una renovada agenda social, constituye una excelente noticia. Las dificultades serán enormes y comprensibles, dadas las considerables diferencias entre unos y otros estados y el temor de los más rezagados por perder competitividad, pero la idea de avanzar hacia un salario mínimo que se sitúe en el 60% del salario medio de cada estado de la Unión resulta una aproximación posibilista.
Finalmente, también esta semana, Fernández Vara mostraba su preocupación por presumibles efectos no deseados, como el aumento del desempleo que se ha dado en su Comunidad, proponiendo mecanismos de excepción para dichos supuestos. Entendiendo la preocupación del presidente de Extremadura, y especialmente de los posibles afectados, los dos incrementos del salario mínimo resultaban indispensables.
La principal razón reside en que, por primera vez en nuestra historia reciente, nos encontramos con un drama doble: el que sufren las personas desempleadas y el de aquellas que, aún trabajando, no llegan a fin de mes. Así, la generación de empleo de bajísima calidad no
soluciona el problema, sino que, incluso, puede agravarlo. Por ello, la solución no pasa por consolidar actividades económicas de bajísimo valor añadido, sino que se trata de articular políticas que permitan transitar hacia mejores ocupaciones, atendiendo a las personas afectadas y asumiendo los posibles costes a corto plazo. Y acerca de estos efectos negativos, quizás convenga recordar aquella expresión de “no se puede hacer una tortilla sin romper un huevo”.
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