El conflicto catalán

Una prudente indefinición para arrancar el diálogo

La habilidad de la polisemia política es la clave para salvaguardar las viejas posiciones de cada parte sin cerrar la puerta a un acuerdo susceptible de obtener un amplio apoyo de la sociedad catalana

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Jordi Mercader

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El segundo intento de abrir una vía de negociación entre el Gobierno de España y el de la Generalitat ha producido un efecto concreto, <strong>la investidura de Pedro Sánchez. </strong>Los partidos firmantes entendieron que esta era la condición imprescindible para el desarrollo del propio acuerdo y durante el debate de investidura las derechas les dieron la razón. Un año antes, el primer abordaje al diálogo acabó en nada; la declaración de Pedralbes decayó en cuanto el ‘president’ Quim Torra planteó sus 21 puntos al presidente del Gobierno. Este dio por finalizada la experiencia ante la tormenta creada por la instrumentalización de las aspiraciones de una parte como el hipotético guion del diálogo. En esta ocasión, Torra se incorporará un poco más tarde a los contactos previos, cuando los partidos que han impulsado el pacto ya están navegando, aún sin precisar el puerto de llegada.

Un año sin noticias del diálogo resulta una eternidad en esta época de días históricos. El problema de fondo permanece intacto mientras el agravamiento de las consecuencias del mal enfoque inicial del conflicto político (unilateralidad y judicialización) continúa imparable: cárcel, judicialización europea y ahora tensión entre tribunales e instancias europarlamentarias. Las urgencias de la izquierda española y las ganas de los republicanos catalanes de sacudirse el liderazgo del legitimismo les ha empujado a retomar en el pacto de investidura el hilo conductor de Pedralbes.

Amplio apoyo de la sociedad catalana

La habilidad en la utilización de la polisemia política es la clave para salvaguardar las viejas posiciones de cada parte sin cerrar la puerta a un acuerdo susceptible de obtener un amplio apoyo de la sociedad catalana; acuerdo que sería imposible de mantenerse aquellas posiciones. Las apelaciones en los dos textos a «la libertad de propuesta» de las partes es la garantía de que cada uno haga saber a los suyos que se mantienen teóricamente en sus trece, sea la exigencia de la autodeterminación o la glorificación de la letra de la ley. La inexistencia en ambos documentos de toda referencia a la Constitución es un ejemplo del esfuerzo literario para evitarse disgustos prematuros, aun sabiendo que la utilización de conceptos gaseosos del tipo «ordenamiento jurídico democrático» o « marco de seguridad jurídica» no permitirán driblar los preceptos constitucionales más incómodos sin antes haberlos reformado.

Algo más complicado resulta el intento de equiparación de una negociación de tú a tú, como pretende el Govern, con la bilateralidad ofrecida por el Gobierno central. En Pedralbes, simplemente no se consiguió. ERC y PSOE-PSC han progresado en la concreción de la mesa de gobiernos, sin poder evitar el añadido de que dicha bilateralidad y la lealtad institucional son las que «rigen» en las relaciones entre el Gobierno de España y el  de la Generalitat. Se ahorraron el final de la frase: propias del Estado de las Autonomías, pero Sánchez lo dejó caer en el debate de investidura con el objetivo de evitar la imagen de una reunión entre dos gobiernos soberanos como le gusta proyectar a Quim Torra.

La indefinición inevitable para arrancar ofrece a los contrarios del diálogo la interpretación maximalista, antes fue el relator entendido como mediador internacional y ahora la consulta ciudadana elevada a la categoría de referéndum de independencia. La exageración de los apocalípticos  o el pesimismo de quienes se sienten traicionados solo podrán ser combatidos con la llegada cuanto antes de acuerdos concretos.