Opinión | Editorial
El Periódico
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La empresa catalana reclama estabilidad
Es necesario afianzar la economía para afrontar nuevos retos en un contexto de desaceleración
La inestabilidad política preocupa al empresariado catalán, también la falta de inversiones en infraestructuras y el escaso consenso entre las administraciones públicas. Estas serían las principales conclusiones del informe elaborado por la consultora PwC y presentado en la sede de la patronal catalana Foment del Treball. El estudio se ha elaborado en base a entrevistas individuales, encuestas 'on line' y grupos de debate entre directivos empresariales. Mientras que Madrid avanza con el viento a favor, existe la sensación de que la economía catalana está perdiendo oportunidades que, en el futuro, «pueden acarrear consecuencias negativas serenas». Más de un 70% de los directivos consultados apunta al déficit de infraestructuras como el obstáculo más importante. Aparecen demandas que, ya por reiteradas, causan desazón: el Corredor Mediterráneo, el desdoblamiento de la N-2, Rodalies y la reserva de espacio para la actividad logística en el puerto y el aeropuerto de Barcelona. Obras que acumulan lustros de retraso y de promesas incumplidas. Unas demoras inaceptables, enmarcadas en una concepción centralista de la economía, entorpecidas por las cuitas políticas y que lastran oportunidades de crecimiento. Tanto para Catalunya como para el resto del país.
La situación política es una causa evidente de preocupación. Un 67,9 % de los participantes en el estudio ven un riesgo en la polarización que ha comportado el ‘procés’. No son tan evidentes los daños tangibles sufridos, ya que la mayoría de los empresarios no han apreciado dificultades financieras relevantes. Algo más de la mitad tampoco ha percibido una disminución de inversiones en su sector achacables directamente a la situación política en Catalunya. Es mayor la sensación de lo que se ha dejado de ganar que de pérdida concreta. El diálogo y el pacto se establecen como la principal receta para una estabilidad que se precisa tanto en la política española como catalana. Estabilidad política para afianzar la economía y afrontar los nuevos retos en un contexto de desaceleración.
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