Los empresarios achacan al 'procés' un menor crecimiento en Catalunya

El empresariado catalán teme que el conflicto político que vive Catalunya esté lastrando a su economía y ve con preocupación la bonanza que acumula Madrid en los últimos trimestres. No es solo la inestabilidad política lo que preocupa al empresariado, pues también lo hace un déficit de inversiones públicas en infraestructuras y una mayor exposición a los vaivenes del comercio internacional. Así lo creen y lo ven los empresarios catalanes, tal como recoge un informe elaborado por la consultora PwC y presentado en la sede la patronal catalana Foment del Treball este lunes.

A la presentación, conducida por el máximo dirigente de Foment, Josep Sánchez Llibre, han asistido la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, la ‘consellera’ de Empresa, Àngels Chacón, y el presidente del Cercle d'Economia, Javier Faus. El informe se ha elaborado en base a 50 entrevistas individuales, 200 encuestas 'on line' y tres grupos de debate, con una selección de directivos empresariales como muestra. El presidente de Vueling, Javier Sánchez Prieto, la directora general de Volkswagen en España, Laura Ros, o el consejero delegado de Cellnex, Tobías Martínez, son algunos de esos participantes. "Echo en falta mujeres", les ha reprochado a los asistentes la 'consellera' de Empresa, Àngels Chacón.

Los directivos entrevistados creen que, si la inestabilidad política no lo impide, Catalunya dejará de crecer por debajo de la media del conjunto de España en los próximos años y recuperará su liderazgo. No obstante, existe más consenso entre el empresariado catalán de que el déficit de infraestructuras está entorpeciendo el desarrollo económico de Catalunya que no los posibles efectos perniciosos del conflicto político del ‘procés’. El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha calificado de "decepcionante" y "desolador" el nivel de inversión en infraestructuras realizadas durante los últimos años en las cuatro provincias catalanas.  

Mientras el 72,4% de los hombres de negocios entrevistados por PwC ven en las infraestrcuturas una "barrera" para el crecimiento económico, dicho porcentaje se rebaja hasta el 67,9% cuando se les pregunta por la polarización generada por la situación política. Impulsar el Corredor Mediterráneo es el elemento "prioritario" que le pide el empresariado catalán al futuro Gobierno central en materia de infraestructuras; así como revisar la concesión de las autopistas para rebajar unos peajes que "suponen un agravio hacia Catalunya en comparación con otras zonas de España".

La ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, ha querido expresar el "absoluto compromiso de nuestro Gobierno" en el despliegue de ese Corredor Mediterráneo, pero ha considerado que "en 18 meses no se puede recuperar el retraso de años". La dirigente socialista tambien le ha recordado a los presentes, con un guiño velado a los partidos independentistas, que "las inversiones públicas requieren de unos Presupuestos Generales del Estado", y que estos requieren previamente de una investidura.

Estabilidad y menos impuestos

Dentro de esa preocupación sobre los efectos del ‘procés’ en la economía, los directivos entrevistados tienen más claro que la polarización es algo negativo, que no como esta se materializa. Pues mientras casi siete de cada diez empresarios ve un riesgo en la polarización, el informe también revela que ocho de cada diez empresas no han apreciado dificultades financieras relevantes derivadas de la situación política y, en menor medida, el 54,9% de los empresarios no ha percibido un aplazamiento o disminución de las inversiones en su sector fruto de la situación política en Catalunya. En este sentido, la 'consellera' Chacón le ha indicado al empresariado que la inestabilidad política en Catalunya es el “reflejo” de “no resolver políticamente” las demandas de parte de sus ciudadanos.  

Donde existe mayor preocupación empresarial respecto a la competitividad de hacer negocios o no en Catalunya es en relación a la legislacióin fiscal. Seis de cada diez empresarios consideran que para que las 3.854 empresas que trasladaron su sede fuera de Catalunya tras el referéndum del 1-O vuelvan, debería reformarse el marco fiscal. El informe constata que el empresariado ve con preocupación la menor presión fiscal sobre las empresas que imponen desde la Comunidad de Madrid y los incentivos que ello conlleva para concentrar sus inversiones. En este sentido, el presidente del Cercle d'Economia, Javier Faus, ha definido a la capital española como un "oasis fiscal" y ha considerado que su menor exigencia tributaria "no es lo mejor para España".