El conflicto catalán tras la sentencia

Volver a gobernar

El Govern y el Parlament deben descongelar nuestras instituciones que van al ralentí desde el 2012 y con un paro casi total en los últimos años

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MONRA

Es evidente que con la sentencia a los 12 condenados del 'procés' nadie puede decir que se ha puesto punto final al conflicto político entre el independentismo y el constitucionalismo, pero lo cierto es que parece que ha quedado clarificado que la protesta puede obviamente continuar pacíficamente en la calle, pero el uso de las instituciones para protestar tiene consecuencias graves que el Estado de derecho no permite.

Quedan muchas cosas por hacer para aliviar el cumplimiento de las penas. Aparte de los recursos correspondientes, a los que tienen derecho los condenados, queda el debate sobre los beneficios penitenciarios aplicables, que no son pocos. La vía penitenciaria, competencia de la Generalitat, puede contribuir de forma no desdeñable. Aun cuando la fiscalía pueda oponerse a la aplicación del tercer grado, antes de a ver cumplido el 50% de la condena, el tribunal puede ver motivos favorables para tener gestos, como los ha tenido con Iñaki Urdangarin y Oriol Pujol. Al margen de otros deseos, como la amnistía que no encaja y el indulto que tampoco tiene demasiadas posibilidades y en cualquier caso tardaría ya que el procedimiento obliga a agotar todos los trámites legales posibles antes de solicitarlo, los abogados acudirán al Tribunal Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuyas resoluciones tienen el calendario largo. Hay que trabajar para obtener un alivio de la pena una vez cumplido el 25% de la misma. Siendo moderadamente optimistas, y con los precedentes citados, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez podrían ser los primeros en salir a mediados del próximo mes de enero, seguidos de Joaquim Forn y Josep Rull a las puertas del verano. No voy a discutir los aspectos humanos del tema, pero esta secuencia es deseable. Junqueras tiene una pena más larga y si no hay algún acontecimiento que lo resuelva antes, tendría que cumplir 15 meses más de prisión.

La popularidad del Govern

Hay algo que los gobernantes de Catalunya sí podrían hacer a muy corto plazo y que es compatible con la voluntad de ayudar a los presos: volver a gobernar. Los representantes de la Generalitat de Catalunya, parlamentarios, Govern e instituciones varias deben reconducir  la situación recuperando la coherencia y el prestigio de lo que tienen encomendado. Nunca en la historia contemporánea nuestras instituciones habían estado tan débiles y desprestigiadas, como demuestran los datos del mismo barómetro de la Generalitat, que señala que la popularidad del Govern merece el suspenso del 56% de catalanes y la opción de la independencia de Catalunya se sitúa en el nivel más bajo de los últimos dos años, un 44% de partidarios. Cifra respetable.

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El ralentí se puso en marcha en el 2012, y en los últimos años el paro ha sido casi total. La acción se ha centrado en declaraciones simbólicas: colgar y descolgar pancartas, anudar lazos y flores amarillas, culpar a terceros de las desgracias obtenidas con perseverancia… El Govern y el Parlament deben descongelar nuestras instituciones. Treinta organismos de un total de 33 deben ser renovados total o parcialmente, como la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisual (CCMA), en la que hay varios directivos de alto nivel imputados y sería razonable dar salida a la situación. El listado es exhaustivo: Síndic de Greuges, Comitè d'Experts sobre el Canvi Climàtic, Agència Catalana de Protecció de Dades, Consell Nacional per a la Cultura i les Arts, Consell Fiscal de Catalunya, Consell de Garanties Estatutàries, Consell Assessor de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària… Y no sigo porque en realidad deben renovarse todos menos tres que se incorporarán a la lista a renovar de un momento a otro.

La 'consellera' Chacón debe ser de los pocos responsables políticos de Catalunya que ve la jugada. Discrepa de la idea de uno de los 'exconsellers' en Bruselas, que recomienda como respuesta a la sentencia que un millón de personas dejemos de trabajar para perjudicar a la economía española. La 'consellera' ha contestado con lógica que eso también perjudicaría a la catalana. También ha recomendado poner el foco en la gestión del día a día diciendo que nos barrerán si a los catalanes no nos ven como algo útil.  Solo un modesto matiz: será a los gobernantes de Catalunya, porque a los catalanes en general no nos barrerán, pero si nuestros responsables tardan mucho en volver a gobernar nos pueden hundir.