Un 1-O marcado por la sentencia del 'procés'

 El 1 de octubre del 2017 se cruzaron todas las líneas rojas en Catalunya. El Govern de la Generalitat, incumpliendo el marco constitucional y estatutario, de espaldas a la mitad de los catalanes y con el apoyo de una leve mayoría parlamentaria, celebró el referéndum por la independencia. El Gobierno español presidido por Mariano Rajoy, amparado por procesos judiciales iniciados dentro del Estado de derecho, ordenó una acción policial en algunos colegios electorales desproporcionada, fuera de lugar e incomprensible. La imagen de los antidisturbios de la Guardia Civil y la Policía Nacional reprimiendo a una multitud pacífica, en muchos casos compuesta por familias y ancianos, dio la vuelta al mundo y enturbia las relaciones entre una parte importante de la ciudadanía catalana y las fuerzas de seguridad del Estado, como la reciente operación Judas ha vuelto a hacer patente.

El otoño caliente del 2017 no empezó el 1 de octubre, sino el 6 y el 7 de septiembre con las votaciones en el Parlament de las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica; tampoco acabó el 1-O, sino que se alargó hasta la declaración unilateral de independencia del 2017 y la posterior aplicación en Catalunya del artículo 155 de la Constitución y la consecuente suspensión de la autonomía. Pero en el 1-O confluyeron los ingredientes que marcan la crisis institucional y política catalana: la incapacidad del Gobierno español y catalán no ya de negociar, sino simplemente de hablar; la deriva unilateral del Govern; la estrategia del independentismo de aumentar la tensión para forzar una negociación; la judicialización de un problema político, y la difícil posición de las fuerzas de seguridad en un conflicto eminentemente político que se dirime en gran medida en las calles de una sociedad, la catalana, dividida.

Por desgracia, hoy vemos algunos de los mismos elementos que hace dos años. En plena precampaña electoral se suceden las amenazas de aplicación del artículo 155, sin que quienes así lo propugnan aclaren qué ilegalidad ha cometido el actual Govern para que una medida de este tipo sea necesaria. En Barcelona, el independentismo levanta el tono e incrementa la tensión institucional en vísperas de la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes políticos y sociales del ‘procés’.

«Desobediencia» ha sustituido a «referéndum» como la palabra fetiche entre el independentismo, sin que nadie explique en qué consistirá dicha desobediencia igual que hace dos años nadie sabía explicar qué sucedería después de celebrarse el referéndum. La inminencia de la sentencia ha marcado el aniversario del 1-O, igual que estuvo presente en las movilizaciones del 11-S y en las reacciones a la operación Judas y lo está (y lo estará) en la precampaña de las elecciones españolas. A falta de conocer el fallo de los jueces, siguen en vigor las palabras con las que terminaba el editorial de EL PERIÓDICO del 2 octubre del 2017: «Solo hay una salida, si cabe más acuciante una vez se han cruzado todas las líneas rojas: diálogo político y responsabilidad dentro del marco legal del que se dotaron una amplísima mayoría de los catalanes. Todo lo demás conduce al abismo».