Opinión | Editorial
El Periódico
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La inseguridad en Barcelona
La situación no se resuelve solo con más policías en la calle, el enfoque también debe ser social y judicial
Ante la sensación creciente de inseguridadinseguridad entre los vecinos y los turistas que visitan Barcelona, una de las primeras medidas ha sido incrementar la presencia policial en las calles. Un plan de choque con el que se intenta paliar la infradotación de los Mossos de los últimos años que se encuentra, en parte, en la raíz del problema actual que vive la capital catalana. Desde principios de este año, los robos con violencia se han incrementado el 30% y la cifra de homicidios (12) es la más elevada de la última década, sin contar el atentado terrorista del 17-A, según datos de la policía catalana. Se trata de una realidad constatable que las instituciones no deberían minimizar. Durante algunos años la ciudad ha relegado su política de seguridad, evitando adoptar medidas que podían parecer impopulares a cierto electorado. La constitución del nuevo gobierno municipal ha significado un cambio de rumbo en este sentido, con el teniente de Prevención y Seguridad, Albert Batlle, al frente.
Si negar el problema sería imprudente, no lo es menos instrumentalizarlo. Los partidos políticos deben contener la tentación de sacar rédito ante un asunto tan sensible, evitando discursos populistas que no hacen otra cosa que avivar problemas de convivencia. La situación no se resuelve solo con más policías, sino que el abordaje debe ser global.
Uno de los enfoques indiscutibles es el social. El hecho de que algunos de los apuñalamientos hayan ocurrido en zonas degradadas, como asentamientos de chabolas, e impliquen a personas en extrema pobreza, refleja una insuficiente política social. La atención a colectivos muy vulnerables puede ser una acción preventiva más eficaz que la persecución policial. El judicial es otro de los ámbitos desde el que se pueden hallar soluciones, especialmente en el caso de los delincuentes multirreincidentes. Los ladrones violentos eluden la cárcel en el 90% de las detenciones, ya que los jueces no dictan prisión provisional para ellos y al cabo de poco tiempo vuelven a estar en la calle delinquiendo, lo que causa sensación de impunidad en ellos y de indefensión en la ciudadanía. La Generalitat pide una modificación en el Código Penal. Otra alternativa sería dictar órdenes de alejamiento, medida que ya se aplicó con éxito con los carteristas del metro.
Si bien es cierto que Barcelona no es más insegura que otras grandes metrópolis, sí es más insegura que hace años. Afrontar esta situación en toda su complejidad es la mejor manera de revertirla.
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