Debatir por ley

Los debates en campaña suelen ser fuente de controversia porque en su celebración confluyen cuatro factores a menudo imposibles de conciliar: la conveniencia electoral de cada partido, el derecho de los votantes a conocer las propuestas de los candidatos, los intereses de las televisiones (públicas y privadas) y la rigidez normativa, que ni la más flexible administración electoral puede soslayar.

La Junta Electoral Central (JEC) ha tumbado el debate de los aspirantes a la Moncloa programado por AtresmediaAtresmedia para el 23 de abril porque incluía a Santiago Abascal, pese a carecer Vox de representación en el Congreso. La resolución responde favorablemente a un recurso del PNV, Coalición Canaria y Junts per Catalunya, y es posterior a la querella por prevaricación que Quim Torra presentó contra la propia JEC. La "involución democrática" que denuncia el 'president',  en entredicho.

Al estimar los argumentos de los recurrentes, la Junta invita a la cadena a ofrecer una alineación distinta de debatientes, excluyendo esta vez a Vox. Pero el debate a cuatro --Pedro Sánchez, Pablo Casado, Pablo Iglesias y Albert Rivera-- ya fue ofrecido por TVE, de modo que de golpe se abren todos los escenarios: desde que haya más de una cita entre los líderes políticos, en televisiones públicas y privadas, hasta que no haya ninguna.

Movido por su empeño de unir a (y confrontar con) la triple derecha, Sánchez aceptó la oferta de la privada y desairó a TVE, que por su condición pública no pudo invitar a Vox. Ahora, tras el veto de la Junta, el presidente parece dispuesto a aceptar uno o varios encuentros televisados sin Abascal. Lo contrario hubiera resultado incongruente con los postulados que mantuvo en la oposición.

REGALO PARA ABASCAL

Para Abascal esta exclusión supone en realidad una bendición, pues le permite explotar el victimismo sin someterse al escrutinio de público y adversarios. Lo que no es de recibo es que se pueda privar de debates a los votantes porque los partidos, en vez de autoimponérselos por ley, se niegan a reformar una norma obsoleta que les permite obrar en cada campaña según más les convenga.