La lucha contra el fraude fiscal en Catalunya

Cualquier Gobierno serio que pretenda mejorar su gestión y contribuir a mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos debería marcarse como prioridad mejorar sus fuentes de ingresos. Y para ello no hace falta de entrada crear nuevos impuestos y tributos: simplemente mejorando la recaudación de los vigentes y asegurando que paga todo el mundo que debe hacerlo y en las cantidades que corresponde ya se obtienen grandes logros.

Un ejemplo de ello es el balance de la denostada, por algunos, Agència Tributària de Catalunya dedicada a gestionar los impuestos que corresponden a la Generalitat. Es una de aquellas instituciones que en un momento dado se calificó de 'estructura d'Estat', que fue recortada por el Gobierno del PP durante la vigencia del artículo 155. En realidad, la Agència lo que realmente hizo fue aplicar en Catalunya las competencias fiscales que están vigentes en otras autonomías. Por ello, el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, solo eliminó durante la intervención de la Generalitat la medida que permitía agrupar todas las retenciones del sector público catalán, sin que esté todavía muy claro en qué sentido esta iniciativa era contraria a la Constitución. 

Ahora, el vicepresidente de la Generalitat y 'conseller' de Economia i Hisenda, Pere Aragonès, acaba de informar al Parlament del balance de la lucha contra el fraude fiscal emprendida por la Agència. El dato más significativo es que la ejecución del plan de prevención y reducción del fraude fiscal y de fomento de las buenas prácticas (2015-2018) "ha permitido incrementar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en periodo voluntario y hacer aflorar 740,5 millones de euros". Para situar la importancia de esta cifra se puede comprar con el presupuesto de gastos de algunas de las 'conselleries' (de acuerdo con el las cuentas del 2017, prorrogadas en el 2018 y también, de momento, para el 2019). Agricultura dispone de 634 millones; Presidència, 411; Vicepresidència i Economía, 197; o Cultura, 261. O, como ha explicado también estos días la conselleria d'Empresa i Coneixement, los 14 millones que cuestan las 40 oficinas de promoción exterior de la Generalitat. 

Además, Aragonès también informó que durante los primeros meses de este año se finalizarán las fases de oposición para proveer 24 plazas del cuerpo superior de inspectores tributarios y otras 40 plazas del cuerpo técnico de gestores tributarios. O sea, que el esfuerzo para mantener la lucha contra el fraude fiscal no solo se mantiene, sino que aumentará.

Es una buena noticia. Pero también tiene su reverso. Si en tres años se ha aumentado la recaudación, solo en periodo voluntario, en 740 millones de euros, y todo ello sin saltarse ni el Estatut ni la Constitución, ¿por qué no se hizo antes?