La eutanasia como derecho

La muerte de María José Carrasco, enferma desde hace más de 30 años de esclerosis múltiple, después que su marido, <strong>Ángel Hernández</strong>, le <strong>facilitara la medicación definitiva</strong> para culminar su propósito, pone sobre la mesa otra vez –en este caso de manera dramática– el espinoso asunto de la despenalización de la eutanasia y del suicidio asistido. 21 años después de la muerte de <strong>Ramón Sampedro</strong>, los implicados también han grabado el proceso, en el que Hernández ayuda a su mujer a morir tras haberle suministrado una sustancia letal. Esta vez, sin embargo, no se trata como entonces de exculpar a quienes cooperaron en el deseo del enfermo, sino de asumir a conciencia las <strong>consecuencias penales</strong> previstas en el artículo 143 del Código Penal, en un afán de reivindicar el derecho a un suicidio asistido cuando una persona como María José así lo pida. Hernández, aunque liberado horas después, ha sido el primer detenido en España por esta razón, mientras la propuesta de ley orgánica impulsada por el PSOE sigue un trámite parlamentario plagado de obstáculos a la espera de una nueva legislatura que permita, como ha prometido Pedro Sánchez, regular la eutanasia de una vez por todas.

No se trata solo de despenalizar la eutanasia, sino de regular un proceso entendido como derecho individual incorporado a las prestaciones sanitarias, con una propuesta restrictiva en las prevenciones, pero, al mismo tiempo, más amplia que otras legislaciones similares en los supuestos. Las encuestas coinciden que más del 80% de la población está de acuerdo con la regulación. Es urgente que la nueva legislatura ponga todo el empeño en que sea así.